INFOMEDIA, Martes 29 de abril de 2025
El reciente anuncio del Gobierno sobre el incremento salarial —un 10% al salario mínimo nacional y un 5% al haber básico— ha encendido las alarmas entre las micro y pequeñas empresas del país. Desde la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), advierten que esta medida, lejos de fortalecer la economía popular, podría acelerar el deterioro del ya golpeado sector productivo.
Mario Montoya, presidente de Conamype, calificó la medida como “populista” y “aberrante”, y señaló que el incremento llega en el peor momento, cuando el país enfrenta una crisis económica marcada por la inflación, la falta de dólares, y un mercado interno debilitado.
Una carga insostenible para los emprendedores
Montoya explicó que emprender en Bolivia es hoy una tarea titánica: las leyes laborales imponen duras obligaciones, el sistema impositivo es «arrebatarador» y las sanciones fiscales obligan a muchos pequeños negocios a cerrar sus puertas. A ello se suman factores externos como el contrabando, que introduce productos extranjeros a precios inalcanzables para los productores locales, y el aumento en la cotización del dólar, que encarece insumos indispensables para la producción.
“El Gobierno no ve que estamos en crisis. Cada vez nos ponen más cargas y no nos dan condiciones para trabajar», lamentó el dirigente.
Impacto directo en el empleo
La consecuencia inmediata, advirtió Montoya, será un ajuste en las planillas: recorte de personal, contratación temporal o por destajo, e incluso cierre de unidades productivas. En su visión, el obrero boliviano enfrentará ahora un dilema complejo: exigir el aumento salarial y arriesgar su empleo, o ceder ante la nueva realidad del mercado laboral.
El impacto va más allá de los números: detrás de cada microempresa que cierra hay una familia que pierde su sustento, una comunidad que ve debilitada su economía local, y una sociedad que se expone a mayor informalidad y desempleo.
Una encrucijada sin soluciones estructurales
Desde Conamype urgen políticas públicas que contemplen incentivos fiscales, facilidades de acceso a crédito y un combate efectivo al contrabando. Mientras tanto, las microempresas —que representan uno de los pilares del empleo y la producción nacional— resisten como pueden ante lo que consideran una política insensible en medio de una crisis económica que golpea a todos los bolivianos.Mientras la economía boliviana enfrenta uno de sus momentos más frágiles en los últimos años, las microempresas —base del empleo informal y motor de subsistencia para miles de familias— advierten que el reciente incremento salarial se convierte en una nueva carga difícil de soportar.
Desde el sector, se denuncia que el alza salarial llega en un contexto adverso: elevados impuestos, un régimen laboral rígido, el avance del contrabando que arrasa con la producción nacional y la presión de un dólar en constante ascenso. Para muchos microempresarios, la medida, lejos de significar un beneficio para los trabajadores, podría traducirse en más cierres de negocios, informalidad laboral y desempleo.
