INFOMEDIA, MArtes 27 de mayo de 2025
Un nuevo caso de violencia extrema sacude a la sociedad paceña y pone en evidencia una cruda realidad: ni siquiera el hogar es un lugar seguro para muchos niños en Bolivia. El cuerpo sin vida de un menor de apenas ocho años fue hallado el domingo 26 de mayo, envuelto en aguayos dentro de una vivienda en la zona de La Portada. El principal sospechoso: su propio padre, quien está prófugo.
Según informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el niño habría sido asesinado al menos siete días antes del hallazgo. El examen forense determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por sofocación. La imagen de un cuerpo infantil escondido por días en su propio hogar estremece por la brutalidad del hecho y el abandono institucional que rodea estos casos.
“Estamos ante un infanticidio con un presunto autor identificado: el padre biológico del niño, quien actualmente se encuentra fugitivo”, informó el coronel Gabriel Neme, director de la FELCC. El caso ha generado consternación en la ciudadanía, no solo por la violencia ejercida, sino porque evidencia nuevamente cómo las víctimas más vulnerables —los niños— quedan desprotegidas incluso por quienes deberían cuidarlas.
El día previo al hallazgo del cuerpo, el 25 de mayo, el principal sospechoso habría hecho una inquietante llamada a sus propios padres, diciendo que “ya no tendría más problemas con nadie”, lo que alimenta las sospechas de premeditación.
Las circunstancias familiares son también parte del drama. La madre del niño, quien había demandado al hombre por incumplimiento de asistencia familiar, lleva desaparecida entre siete y ocho días. La Policía no descarta que también haya sido víctima de feminicidio.
🔴 Impacto social
Este crimen no solo enluta a una familia, sino que vuelve a encender las alarmas sobre la situación de riesgo extremo que viven miles de niños en hogares marcados por la violencia, el abandono y la impunidad. Cada caso no atendido, cada denuncia ignorada, termina convirtiéndose en tragedia.
Organizaciones de derechos humanos exigen una respuesta más efectiva del Estado para prevenir la violencia intrafamiliar, fortalecer los mecanismos de protección infantil y garantizar que los agresores no sigan actuando con libertad.
