INFOMEDIA, Tarija, 11 de junio de 2025.
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, cuestionó duramente la reciente decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ordena la restitución del Servicio Departamental de Caminos (SEDECA) como entidad operativa, tras declarar inconstitucional su cierre en 2022. La autoridad denunció una “parcialización” del órgano judicial y advirtió que la medida pone en entredicho las competencias del Gobierno Autónomo Departamental.
Antecedentes del conflicto
El conflicto se remonta al año 2022, cuando la Gobernación de Tarija aprobó el Decreto Departamental 003/2022 —modificado luego por el 021/2022— que dispuso la supresión de SEDECA, dando paso a la creación de la Dirección de Administración Vial (DAV). Esta decisión fue justificada por la necesidad de reestructurar y optimizar la gestión de caminos en la región. No obstante, el cierre fue resistido por el sindicato de más de 200 trabajadores, amparados por la Ley General del Trabajo y con fuero sindical, quienes denunciaron despidos ilegales y promovieron acciones legales.
Pese a que el personal fue reincorporado bajo las mismas condiciones en la DAV, el sector sindical exigía la reapertura formal del SEDECA, sosteniendo que su cierre vulneraba normas nacionales y derechos laborales.
El fallo del TCP: cuestionamientos y efectos
El fallo del TCP, leído en un acto público en el que no participó la Gobernación, anuló la disposición adicional que suprimía SEDECA, argumentando que los decretos departamentales invadieron competencias exclusivas del nivel central del Estado y violaron la jerarquía normativa establecida en la Constitución.
Según la magistrada tarijeña Elisabeth Cornejo, el Gobierno Departamental no tenía atribuciones para suprimir una entidad creada por Ley Nacional ni para modificar derechos laborales protegidos por normas de mayor jerarquía.
No obstante, expertos en derecho constitucional y autonomías, como el abogado Esteban Ortuño, alertan que el fallo representa un “retroceso peligroso” para el modelo autonómico. “Es una sentencia que debilita la autonomía departamental al limitar la capacidad del Gobierno Autónomo de administrar sus instituciones y competencias conferidas por la Constitución”, advirtió.
Respuesta de la Gobernación: cumplimiento con reparos
El gobernador Montes señaló que se acatará la decisión del TCP, pero criticó el proceso por falta de imparcialidad. “No se nos convocó, no se escucharon nuestros argumentos. Es una decisión tomada en una audiencia donde solo participaron los ex trabajadores”, declaró.
Asimismo, Montes subrayó que la sentencia no anula la creación de la DAV, por lo que ambas entidades coexisten de momento. “SEDECA será restituido como dice el fallo, pero su sostenibilidad dependerá del nivel central, ya que fue creado por Ley Nacional. Que sea el Gobierno nacional el que defina presupuesto y funcionamiento”, dijo, anticipando que solicitarán un auto de aclaración sobre responsabilidades presupuestarias.
Autonomía departamental en entredicho
El conflicto evidencia las tensiones entre el modelo autonómico y el control del nivel central sobre temas clave como la infraestructura vial y la administración pública. En Tarija, cuya Gobernación tiene el estatus de Gobierno Autónomo Departamental, el episodio es interpretado como un debilitamiento de su capacidad de autogestión.
“El fallo no resolvió un conflicto de competencias como manda la normativa constitucional. Se ha recurrido a un mecanismo que omite el debido proceso institucional”, explicó Ortuño, al denunciar una regresión hacia esquemas centralistas preconstitucionales.
Perspectivas
La restitución del SEDECA abre interrogantes sobre su operatividad real en un contexto de restricciones presupuestarias. Según Montes, la Gobernación enfrenta una reducción de ingresos de al menos Bs 100 millones este año, lo que complica cualquier intento de duplicación institucional.
La sentencia del TCP, lejos de zanjar el conflicto, parece haber profundizado la disputa entre niveles del Estado, en un contexto donde la defensa de la autonomía departamental se posiciona como un eje clave en el debate político y jurídico del país.
