Infomedia, Jueves, 26 de junio de 2025 | Redacción
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció este jueves que la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ha admitido una acción legal que podría inhabilitar a varios candidatos rumbo a las Elecciones Generales, lo que —según la entidad— vulnera principios electorales fundamentales como la preclusión y el pluralismo político.
¿De qué se trata la acción?
La acción presentada es una acción de cumplimiento, fundamentada en el artículo 238 de la Constitución Política del Estado, que exige la renuncia previa —al menos tres meses antes de las elecciones— de quienes ocupen cargos públicos para postular a nuevos mandatos. Este requisito no se aplica al presidente ni al vicepresidente.
De prosperar esta medida, afectaría a candidatos que actualmente ocupan cargos electivos, como el senador Andrónico Rodríguez, la alcaldesa de El Alto Eva Copa, y el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa, entre otros.
El TSE defiende la vigencia de la Sentencia Constitucional 032/2019
En respuesta, el TSE recordó que se encuentra vigente la Sentencia Constitucional 032/2019, la cual establece que los funcionarios que ejercen cargos electivos no están obligados a renunciar para presentarse como candidatos nuevamente.
“Está en plena vigencia la Sentencia Constitucional 032 del año 2019 que permite a estos servidores públicos seguir ejerciendo el cargo pese a que sean candidatos”, afirmó el vocal electoral Gustavo Ávila.
Advertencia sobre el calendario electoral
La autoridad electoral advirtió que el recurso legal intenta alterar el calendario electoral ya definido, lo que contraviene el principio de preclusión: una norma que impide retroceder en etapas del proceso electoral ya concluidas.
“Llama la atención que este tipo de acciones surjan ahora, cuando ya se han realizado dos procesos electorales bajo los efectos de la sentencia 032/2019”, señaló Ávila.
El TSE estará en audiencia y pide respeto a los derechos políticos
El TSE confirmó su participación en la audiencia convocada para este viernes, donde argumentará la vigencia de la sentencia y defenderá el respeto a los derechos políticos de los candidatos y votantes.
Finalmente, el organismo exigió al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional garantizar el respeto al marco jurídico vigente y proteger los derechos democráticos, incluyendo a los partidos, autoridades electorales y ciudadanos en general.
