10 de julio de 2025, Tarija — La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) aprobó este jueves, con el respaldo de dos tercios del pleno, un proyecto de ley que modifica parcialmente el Estatuto Autonómico del departamento para reducir la cantidad de asambleístas de 30 a 17 y eliminar la figura de los subgobernadores en el Gobierno Departamental.
La iniciativa, que estuvo en análisis durante varios meses y fue impulsada por demandas de distintos sectores sociales y políticos, responde a la necesidad de optimizar recursos en un contexto económico difícil que dificulta el mantenimiento del actual cuerpo legislativo.
El presidente de la ALDT, Damián Castillo, explicó que la nueva configuración contemplará dos asambleístas por cada provincia del departamento, tres asambleístas por población (dos para Cercado y uno para Gran Chaco) y dos representantes para los pueblos indígenas, en lugar de los tres actuales. “Con esta distribución, la Asamblea pasará de 30 a 17 miembros, buscando una estructura más eficiente y económica”, afirmó.
Asimismo, Castillo confirmó la eliminación del cargo de subgobernador, un puesto que ha generado cuestionamientos por duplicidad administrativa y altos costos para el Gobierno Departamental.
Esta reforma legal es un paso previo a la promulgación por parte del gobernador Oscar Montes. Posteriormente, la norma será sometida a consulta constitucional para verificar su adecuación y, finalmente, la población decidirá su aprobación definitiva mediante un referéndum que definirá si se modifica el Estatuto Autonómico en estos términos.
Antecedentes y contexto
La discusión sobre la reducción del número de asambleístas y la eliminación de cargos administrativos en Tarija no es nueva. Desde hace varios años, diversos sectores ciudadanos y organizaciones sociales han cuestionado la estructura actual del Gobierno Departamental, señalando que el gasto público en la Asamblea Legislativa es elevado y poco sostenible ante las limitaciones financieras que enfrenta la región.
Además, movimientos políticos y sociales han exigido mayor eficiencia en la administración pública, señalando que la actual composición del ente legislativo genera burocracia excesiva y dificulta la toma de decisiones ágil.
Este proyecto de ley se enmarca en una tendencia regional y nacional para optimizar estructuras gubernamentales y reducir costos, una demanda creciente en Bolivia en tiempos de ajustes fiscales y reformas institucionales.
