25 de agosto de 2025
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió un instructivo para que los jueces revisen los plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez y Marco Pumari. La medida ha generado críticas debido a que en Bolivia existen miles de reclusos en la misma situación sin sentencia.
Según la norma, la detención preventiva debería durar como máximo seis meses, límite que ha sido superado en estos procesos. Sin embargo, el incumplimiento de plazos es frecuente en el sistema penitenciario.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó que hasta junio de 2025, el 58,2% de las 33.275 personas privadas de libertad en el país —alrededor de 19 mil— se encuentran bajo detención preventiva. Callisaya sostuvo que todos estos casos merecen revisión en los plazos legales establecidos.
El expresidente y jurista Eduardo Rodríguez Veltzé coincidió en que la reposición de garantías debe ser universal, sin privilegios. Además, advirtió fallas estructurales: falta de una Política Criminal de Estado, escaso control constitucional, aplicación deficiente de normas procesales y un “populismo penal” que promueve leyes más duras con menos garantías.
Los privados de libertad también se pronunciaron. Reclusos de Palmasola denunciaron “trato desigual”, señalando que mientras Camacho, Añez y Pumari reciben audiencias rápidas, atención médica y visitas privilegiadas, la mayoría sobrevive en condiciones inhumanas. Exigieron que la instrucción del TSJ se aplique de manera “amplia y extensiva” para todos los detenidos preventivos, no solo para quienes son figuras conocidas.
