📅 Viernes, 26 de septiembre de 2025 – 16:34
El proyecto de fotomultas en Tarija ha desatado un conflicto político y social. Mientras el Concejo Municipal se encuentra dividido entre quienes apoyan la medida y quienes la cuestionan, sectores del transporte organizado ratifican su rechazo, advirtiendo que no pagarán las sanciones impuestas por una empresa privada.
Polémica en el Concejo
La concejal Raquel Ramos criticó la falta de claridad del Gobierno Municipal y la intervención de la empresa Smart Solutions, que asegura que el contrato sigue vigente pese a anuncios de suspensión.
“Sale la empresa y dice ‘voy a cobrar tanto’, y no se olviden que las multas superan los 300 bolivianos. Luego anuncian rebajas, pero ¿dónde está el Alcalde que debe defender a la población? La potestad de sancionar es del Gobierno Municipal, no de una empresa privada”, afirmó Ramos.
Según la legisladora, el convenio limita la capacidad de fiscalización del Concejo y coloca a la población en una situación de indefensión, vulnerando derechos constitucionales.
En contraste, el concejal Daniel López defendió la continuidad del proyecto, destacando que ha generado cambios de conducta en los conductores y ha sido respaldado por peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.
Rechazo del transporte organizado
El sector transporte mantiene una postura unánime en contra de las fotomultas.
- Luis Casso, dirigente del Transporte Libre, criticó la falta de socialización y la instalación de equipos en avenidas concurridas sin señalización adecuada.
- Damián Castillo, de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, fue más contundente: “No pagaremos ni 10 centavos a la empresa”.
Algunos transportistas denunciaron haber recibido multas entre 2.000 y 4.000 bolivianos, calificándolas de abusivas.
Posición de la empresa
El vocero de Smart Solutions, Daniel Rodríguez, invitó a la concejal Ramos a revisar la documentación del proyecto y reiteró que el contrato con la Alcaldía sigue vigente, instando a la población a continuar realizando los pagos.
La empresa asegura que el sistema está plenamente operativo y busca fomentar conciencia vial y seguridad, aunque genera rechazo en amplios sectores de la ciudadanía.
