Martes, 09 de diciembre de 2025
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, realizó una verificación en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para constatar el respeto a los derechos humanos de la exdiputada Lidia Patty, quien cumple detención preventiva por un caso de presunta corrupción vinculado a un proyecto productivo financiado por el Fondo Indígena.
Según el informe institucional, durante la inspección se constató que Patty recibe alimentación regular en las mismas condiciones que el resto de las personas privadas de libertad. Asimismo, se verificó que, al momento de su ingreso a celdas, tuvo acceso a visitas y fue sometida a control médico.
No obstante, la exlegisladora solicitó que se facilite el ingreso de medicamentos de consumo habitual, necesarios para el tratamiento de una condición de salud preexistente. Ante este requerimiento, la Defensoría del Pueblo cursó una solicitud formal a la FELCC para que se autorice el ingreso de los fármacos.
“El procedimiento de verificación se aplica a todas las personas aprehendidas y privadas de libertad, velando principalmente por el acceso a la defensa legal, la alimentación y la valoración médica inicial al momento de la detención”, señaló la institución.
El jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, informó que Patty cuenta con acceso irrestricto a visitas de sus abogados y familiares. Además, precisó que, durante una entrevista personal, la detenida manifestó tener dos abogados particulares, por lo que no requiere patrocinio legal adicional por parte de la Defensoría.
Antecedentes del caso
Lidia Patty, exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue una figura central en la coyuntura política posterior a la crisis de 2019, al impulsar procesos judiciales contra exautoridades del anterior gobierno. En los últimos años, su nombre volvió a la agenda pública tras ser investigada por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de producción de tomates financiado con recursos del Fondo Indígena, caso por el cual la Justicia determinó su detención preventiva.
La Defensoría del Pueblo reiteró que mantiene una vigilancia estricta del debido proceso y de las condiciones de detención, precautelando el derecho de toda persona privada de libertad a la salud, a la integridad física y a un trato digno, independientemente de su situación jurídica o antecedentes políticos.
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