Viernes, 20 de febrero de 2026 | 10:23
El gobernador del departamento de Tarija, Óscar Montes, cuestionó este jueves los procesos de inhabilitación de candidatos en el actual escenario electoral y advirtió sobre una posible manipulación política en la aplicación de los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La autoridad sostuvo que existen exigencias, como la permanencia mínima de dos años en el municipio donde se pretende postular, que se prestan a interpretaciones discrecionales y podrían estar siendo utilizadas con fines políticos. Según explicó, esta condición puede perjudicar a personas que han vivido gran parte de su vida en una región, pero que por razones laborales o familiares debieron trasladarse temporalmente.
“Hay ciudadanos que han aportado toda su vida a su departamento, pero por circunstancias específicas tuvieron que ausentarse un tiempo. Esa exigencia debería ser revisada para no cometer injusticias”, señaló.
Montes también criticó que denuncias presentadas por personas anónimas sean utilizadas para activar procesos de inhabilitación, lo que, a su criterio, genera serias dudas sobre los intereses que estarían detrás de estas acciones.
En ese marco, consideró que, ante una supuesta vulneración de la normativa electoral, los partidos políticos rivales deberían asumir la responsabilidad de presentar las denuncias a través de sus delegados oficiales y no recurrir a terceros sin identificación política. “Eso demuestra que hay una mala intención por detrás. Alguien se está beneficiando con la exclusión de determinados candidatos”, afirmó.
El gobernador advirtió además que, en algunos casos, se estaría impidiendo que sea la ciudadanía la que decida en las urnas, pese a que existen interpretaciones jurídicas que podrían resolverse a favor de la participación electoral. “Debería dejarse que el pueblo decida”, remarcó.
Asimismo, recordó que existen antecedentes de procesos en los que se habría actuado de mala fe ante la justicia mediante la presentación de información falsa para obtener resoluciones favorables, lo que calificó como “hacer trampa”.
Finalmente, Montes expresó su preocupación por la permanencia de funcionarios vinculados a anteriores gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS) en distintas instituciones del Estado, pese a los cambios políticos a nivel nacional. Según dijo, esta situación impide una renovación real y mantiene prácticas que afectan la institucionalidad democrática.
“La falta de una transformación profunda en la administración pública y el irrespeto a la independencia de poderes hacen que estos conflictos políticos sigan repitiéndose”, concluyó.
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