El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández.
Jueves, 26 de febrero del 2026
La jueza Alejandra Menacho, del Tribunal 14 de Instrucción Penal de Santa Cruz, determinó este jueves 100 días de detención preventiva para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, dentro del proceso investigativo por el denominado caso “pavimento fantasma”, al considerar la existencia de riesgos procesales.
“La suscrita juez (…) va a determinar la medida extrema de detención preventiva para el ciudadano Max Jhonny Fernández Saucedo, por un tiempo prudencial de 100 días, para la realización de los actos investigativos expuestos por el Ministerio Público”, resolvió la autoridad judicial durante la audiencia de medidas cautelares.
La decisión responde a la imputación formal presentada por la Fiscalía, que solicitó la reclusión del burgomaestre en el penal de Palmasola por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Defensa anuncia apelación
La jueza fijó además una audiencia de revisión de medidas cautelares para el 5 de junio, a las 09:00, mientras que la defensa legal del alcalde anunció que apelará la determinación, argumentando vulneración de derechos y falta de elementos contundentes.
Durante la audiencia, Fernández cuestionó el proceso, señalando que se basa únicamente en un informe “operativo” de la Contraloría General del Estado, al que calificó como insuficiente para sustentar una detención preventiva, y atribuyó el caso a un “hecho político”.
“¿Quién va a reparar el daño que me están haciendo?”, reclamó la autoridad municipal, además de observar la ausencia del denunciante, el exconcejal Manuel Saavedra.
Investigación por presuntas irregularidades
La Fiscalía inició la investigación tras un informe de la Contraloría que observó irregularidades en la ejecución del plan de pavimentación de cuatro kilómetros de calles y avenidas, principalmente en los distritos municipales 13 y 14, entre otros sectores de la ciudad.
Según el informe, existirían inconsistencias técnicas, administrativas y financieras en la ejecución de las obras, lo que derivó en la apertura del proceso penal y la imputación formal contra el alcalde cruceño.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el daño económico ocasionado al Estado.
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