INFOMEDIA- viernes 22 de mayo de 2026
La designación del exgobernador tarijeño Adrián Oliva como nuevo viceministro de Autonomías volvió a colocar en agenda el debate sobre la redistribución de recursos entre el nivel central del Estado y las regiones, en medio de una compleja coyuntura política y social que atraviesa el país.
A pocas horas de asumir el cargo, Oliva reconoció que uno de los principales desafíos de su gestión será avanzar en el tratamiento del denominado “50/50”, propuesta impulsada por autoridades subnacionales que busca una distribución más equilibrada de los ingresos nacionales.
La nueva autoridad señaló que ya inició contactos con gobernadores y alcaldes de distintas regiones con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación y diálogo para abordar temas relacionados con el pacto fiscal y las autonomías.
Oliva recordó además que durante años muchas decisiones vinculadas a las entidades territoriales autónomas fueron tomadas desde el nivel central sin consensos efectivos, situación que —afirmó— debe modificarse para fortalecer el proceso autonómico.
No obstante, admitió que la actual conflictividad social que vive el país dificulta la convocatoria inmediata a encuentros nacionales con autoridades subnacionales, por lo que prevé instalar mesas de trabajo una vez disminuya la tensión social en diferentes regiones.
Desde Tarija, el alcalde Johnny Torres saludó la designación de Oliva y consideró que el conocimiento que tiene sobre la realidad regional podría facilitar la atención de las demandas de municipios y gobernaciones.
La autoridad municipal coincidió en que el contexto actual no permite avanzar en reuniones técnicas o políticas con el Gobierno nacional, aunque adelantó que solicitarán formalmente la instalación de mesas de diálogo cuando se normalice la situación del país.
Sin embargo, Torres remarcó que existen temas urgentes que requieren atención inmediata. Entre ellos mencionó la necesidad de implementar una política de cielos abiertos y mejorar la conectividad aérea, observando que la estatal BoA mantiene costos elevados y limitada disponibilidad de pasajes.
Asimismo, expresó preocupación por el deterioro de las carreteras y las dificultades que enfrenta el transporte terrestre, situación que —según afirmó— afecta directamente al aparato productivo y comercial de varias regiones.
Respecto al debate del 50/50, Torres manifestó su predisposición a discutir una redistribución más equitativa de los recursos, aunque pidió al Gobierno asumir medidas inmediatas que alivien la situación financiera de municipios y gobernaciones.
En ese contexto, volvió a cuestionar la vigencia de la Ley 767 de incentivos a la exploración hidrocarburífera, normativa que retiene el 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinados a las entidades subnacionales.
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