Infomedia | 7 de julio de 2026
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) expresó su rechazo a una eventual nacionalización de vehículos indocumentados, conocidos como “chutos”, al advertir que una medida de ese tipo tendría un fuerte impacto económico sobre el mercado automotor formal, provocando una devaluación de hasta el 50% en el valor de los vehículos adquiridos legalmente.
El gerente general de la CAB, Luis Encinas, señaló que la propuesta de regularización representa un nuevo obstáculo para el sector formal y cuestionó que se busque legalizar vehículos de contrabando en lugar de fortalecer los controles para combatir el ingreso ilegal de motorizados al país.
“Si tienen un vehículo que han comprado legalmente en una tienda, se van a devaluar sus vehículos hasta el 50%”, afirmó el ejecutivo.
Encinas sostuvo que una eventual nacionalización también incrementaría la demanda de combustibles en un momento en que el país ya enfrenta dificultades para garantizar el abastecimiento, generando una mayor presión sobre el sistema de distribución.
Asimismo, criticó la exigencia de un certificado de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) para la importación de vehículos nuevos directamente desde fábrica, mientras —según dijo— no se aplican controles efectivos sobre los vehículos indocumentados que circulan en territorio nacional.
De acuerdo con datos expuestos por la CAB, en Bolivia existirían alrededor de 1,4 millones de vehículos «chutos», cifra que atribuyen a la falta de aplicación de las normas destinadas a combatir el contrabando.
El representante del sector recordó además que la Constitución Política del Estado considera el contrabando como un delito imprescriptible, por lo que cuestionó cualquier iniciativa orientada a regularizar este tipo de vehículos.
Encinas aseguró que un vehículo indocumentado puede estar relacionado con diversas irregularidades y delitos, aunque aclaró que no todos los motorizados en esta condición provienen de robos.
Dudan de la recaudación proyectada
La CAB también rechazó los argumentos de quienes sostienen que una nacionalización permitiría recaudar alrededor de 6.000 millones de dólares para el Estado.
Encinas recordó la experiencia del proceso de regularización realizado en 2011, cuando muchos propietarios accedieron a diferimientos de pago y posteriormente solo cancelaron una parte de sus obligaciones, por lo que consideró que las proyecciones actuales de ingresos fiscales son poco realistas.
Finalmente, el gerente de la Cámara Automotor Boliviana alertó que una nueva regularización pondría en riesgo alrededor de 8.000 empleos directos del sector automotor formal, además de miles de fuentes laborales indirectas vinculadas a la comercialización, mantenimiento y servicios relacionados con los vehículos legalmente importados.
