
Infomedia | 14 de julio de 2026
El Gobierno nacional abrió una investigación sobre la construcción de la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicada en el municipio de San Benito, Cochabamba, y anunció que, de manera inicial, seis exautoridades serán convocadas para esclarecer las decisiones adoptadas entre 2013 y 2023 en torno a una obra que demandó una inversión superior a los Bs 500 millones y que nunca cumplió el objetivo para el cual fue edificada.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que la nómina de investigados aún no es definitiva y podría ampliarse conforme avancen las pesquisas.
«Son seis exautoridades que están siendo convocadas de manera inicial. Sin embargo, esta nómina no es cerrada, no es definitiva, se puede ampliar conforme vayan generándose los datos en la investigación», afirmó la autoridad en una entrevista con ERBOL.
Según explicó García, la investigación abarca todas las actuaciones relacionadas con el proyecto, desde la emisión del Decreto Supremo 1545 en 2013, que autorizó los recursos para la construcción, pasando por las asignaciones presupuestarias efectuadas entre 2013 y 2016, la entrega de la infraestructura en 2018 y una nueva asignación de Bs 2 millones destinada a su mantenimiento en 2023.
En ese contexto, el viceministro confirmó que el expresidente Evo Morales deberá formar parte de la investigación debido a que fue quien firmó el Decreto Supremo 1545. Asimismo, indicó que también se revisará la actuación de exautoridades de los ministerios de Obras Públicas y de Relaciones Exteriores que participaron en la planificación, ejecución y seguimiento del proyecto.
Tras una inspección técnica realizada por el Gobierno, se concluyó que los Bs 504 millones invertidos financiaron una infraestructura que fue construida para un propósito que nunca llegó a concretarse, ya que el Parlamento de Unasur jamás sesionó en esas instalaciones y el edificio solo tuvo usos ocasionales.
El caso se enmarca en la política gubernamental de revisar grandes proyectos de inversión pública considerados «elefantes blancos», es decir, obras de elevado costo que no cumplieron con la finalidad para la que fueron construidas.
En días pasados, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, ya había anticipado el inicio de procesos por el presunto despilfarro de recursos públicos en esta obra y aseguró que el objetivo es establecer responsabilidades y evitar que se repitan inversiones de esta naturaleza.

