Infomedia Bolivia | 24 de julio de 2026
Tras la advertencia de un paro nacional de jueces por la falta de presupuesto, autoridades del Ejecutivo, el Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa alcanzaron un acuerdo para modificar una ley vigente desde 1923, con el objetivo de generar una nueva fuente de financiamiento para el sistema judicial.
La iniciativa busca actualizar una normativa centenaria que establece la prescripción a favor del Estado de los depósitos judiciales abandonados por un plazo mínimo de tres años. Con la reforma, se pretende canalizar esos recursos para atender las necesidades económicas del Órgano Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, quien llegó a la ciudad de La Paz para concretar el acuerdo, calificó la norma como «obsoleta» y aseguró que su actualización permitirá aliviar la crisis financiera que enfrenta la administración de justicia.
“Es una ley obsoleta y con su actualización el Órgano Judicial podrá contar con recursos para enfrentar la crisis que atraviesa”, sostuvo Saucedo.
Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, destacó que la modificación normativa permitirá generar una importante inyección de recursos para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial.
“Se va a generar una inyección de recursos a favor del Órgano Judicial, para que pueda resolver algunas de las necesidades más apremiantes que tiene”, afirmó la autoridad.
Buscan promulgar la norma el 6 de agosto
Como parte del acuerdo alcanzado, la Asamblea Legislativa se comprometió a tratar el proyecto de ley con carácter prioritario para que pueda ser aprobado y promulgado el próximo 6 de agosto, en el marco de los actos por el aniversario patrio.
Desde el Legislativo, la senadora Kathia Quiroga ratificó el compromiso de impulsar la reforma de normas antiguas que ya no responden a la realidad actual del país.
“Estoy segura de que en los próximos días vamos a poder tratarla y el compromiso es que el 6 de agosto pueda ser promulgada para que de esta manera se pueda dar un alivio”, señaló.
La propuesta surge en medio de la crisis presupuestaria que atraviesa el Órgano Judicial y busca garantizar mayores recursos para mejorar la prestación del servicio de justicia en todo el país.
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