INFOMEDIA – 6 de octubre de 2026
Los exfiscales generales del Estado Ramiro Guerrero, Juan Lanchipa y Roger Mariaca incumplieron, durante sus respectivas gestiones, el proceso de institucionalización de las Fiscalías Departamentales establecido por la Ley N.º 260, Ley Orgánica del Ministerio Público, según un informe difundido por GOBCOM.
La norma, promulgada el 11 de julio de 2012, establece en su artículo 33 que los fiscales departamentales deben ser designados por el Fiscal General del Estado previa convocatoria pública, evaluación de capacidad profesional y méritos mediante concurso público.
Sin embargo, de acuerdo con la publicación de GOBCOM, durante 14 años esa disposición no fue aplicada de manera efectiva por las tres autoridades que ocuparon consecutivamente la Fiscalía General.
El informe señala que Guerrero y Lanchipa permanecieron seis años cada uno en el cargo, mientras que Mariaca ejerció como fiscal general durante un año y once meses, tras ser elegido el 21 de octubre de 2024.
Una disposición transitoria que se extendió durante 14 años
GOBCOM atribuye la falta de institucionalización al uso reiterado de la disposición transitoria tercera de la Ley N.º 260, que establecía que, “por única vez”, mientras se organizara el escalafón y la carrera fiscal, el Fiscal General tendría a su cargo la designación de fiscales departamentales.
Según el informe, esa disposición transitoria terminó siendo utilizada durante 14 años, pese a que la propia norma establecía su aplicación excepcional.
Guerrero dejó la Fiscalía sin institucionalización
Ramiro Guerrero concluyó su gestión como fiscal general el 23 de octubre de 2018. De acuerdo con antecedentes periodísticos citados por GOBCOM, legisladores opositores de entonces cuestionaron su administración y señalaron que, pese a haber sido el primer fiscal general elegido bajo la Constitución Política del Estado de 2009, no habría concretado una transformación institucional del Ministerio Público.
También se le cuestionó por investigaciones que quedaron pendientes o inconclusas en casos de relevancia política, social y de corrupción, entre ellos el Fondo Indígena, LaMia, el caso Taladros, el desfalco al Banco Unión, el caso bebé Alexander, las explosiones de Oruro, irregularidades en la ABC y el caso Zapata, entre otros.
Posteriormente, el 27 de agosto de 2021, Guerrero fue posesionado como viceministro de Tierras durante el Gobierno de Luis Arce, hecho que GOBCOM presenta como una ratificación de su cercanía política con el Movimiento al Socialismo (MAS).
Lanchipa prometió institucionalización “a futuro”
Juan Lanchipa Ponce asumió como fiscal general el 23 de octubre de 2018. Una semana después designó a nuevos fiscales departamentales, también bajo el argumento de la disposición transitoria tercera de la Ley N.º 260.
Según una declaración recogida por el periódico Opinión y citada por GOBCOM, Lanchipa sostuvo que posteriormente se realizaría la institucionalización conforme al ordenamiento legal.
Durante su gestión, la Fiscalía impulsó programas de formación para el ingreso a la carrera fiscal y procesos de digitalización, además de convocatorias para fiscales de carrera y fiscales de materia.
En diciembre de 2020 anunció el inicio de la institucionalización de cargos en las nueve fiscalías departamentales. Sin embargo, el proceso fue declarado desierto en 2021.
Para octubre de 2023, Lanchipa informó que se buscaba institucionalizar 362 fiscales, equivalentes aproximadamente al 60% de esa categoría.
El 22 de octubre de 2024 terminó su gestión y afirmó que dejaba un Ministerio Público moderno, transparente y con mayor confianza de la población.
Mariaca anunció la institucionalización antes de ser detenido
Roger Mariaca asumió como fiscal general en octubre de 2024. En marzo de 2026, el entonces defensor del Pueblo, Pedro Callizaya, le consultó cuándo comenzaría la institucionalización de las nueve fiscalías departamentales para cumplir con la Ley N.º 260.
En julio de 2026, Mariaca anunció un proceso de institucionalización “en todos los niveles”. Sin embargo, según GOBCOM, el Ministerio Público lanzó nuevamente una convocatoria para el Noveno Programa de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Fiscal, siguiendo una línea similar a la desarrollada durante la gestión de Lanchipa.
Dos meses después, Mariaca fue detenido en el marco de una investigación por presunta protección al narcotráfico y por supuestamente liderar una estructura de corrupción dentro del Ministerio Público, acusaciones que deberán ser esclarecidas dentro del proceso judicial correspondiente.
GOBCOM también menciona una serie de casos polémicos registrados durante la etapa en que Mariaca ejerció como fiscal departamental de Santa Cruz, entre ellos Las Londras, el caso de la exalcaldesa Angélica Sosa, el aeródromo La Cruceña-Cotoca, investigaciones vinculadas al tráfico de precursores y cocaína, el denominado narcovuelo Viru Viru-Madrid y el caso Sebastián Marset.
14 años sin cumplir plenamente la institucionalización
El informe concluye que, desde la promulgación de la Ley N.º 260 en 2012 hasta 2026, tres fiscales generales mantuvieron pendiente la aplicación efectiva del mecanismo de concurso público para la designación de fiscales departamentales.
La principal cuestionante radica en que una disposición transitoria concebida para ser utilizada “por única vez” terminó siendo aplicada durante 14 años, mientras los procesos de institucionalización anunciados en distintas gestiones no llegaron a consolidar el mecanismo previsto expresamente por la ley.
Fuente: GOBCOM.
