INFOMEDIA, miércoles 07 de mayo de 2025
En un paso que intenta cerrar brechas regulatorias ante el avance de la tecnología financiera, el Gobierno promulgó este miércoles un decreto supremo que establece nuevas reglas para empresas que ofrecen servicios tecnológicos financieros y activos virtuales en el país, en un contexto donde la legislación nacional aún muestra rezagos frente a los desafíos del entorno digital.
La norma alcanza a plataformas dedicadas a pagos electrónicos, remesas digitales, préstamos en línea y, especialmente, a proveedores de servicios de activos virtuales (como criptomonedas o tokens). El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que el objetivo es generar una base legal para proteger al usuario y controlar riesgos, aunque aclaró que la regulación no incluye el control de precios en el mercado de activos digitales.
“Por ejemplo, si tú haces una operación en una plataforma como Binance, y esa plataforma falla o deja de operar en Bolivia, ¿a quién reclamas? Es uno de los problemas que se tiene al no estar reguladas”, explicó Montenegro, reconociendo la falta de mecanismos de protección para los usuarios de plataformas extranjeras.
¿Regulación suficiente?
Aunque el decreto busca incorporar conceptos clave como blockchain, activos tokenizados y plataformas descentralizadas, expertos en derecho digital señalan que Bolivia aún carece de una ley marco integral sobre tecnologías emergentes y delitos informáticos, lo cual limita el alcance real de este tipo de decretos. Si bien se regula la actividad empresarial, no se define con claridad la protección del consumidor, la responsabilidad de intermediarios digitales, ni se actualiza el marco penal para combatir delitos como fraudes virtuales, suplantación de identidad, lavado de dinero digital o hackeos a plataformas financieras.
Además, Bolivia no cuenta con una autoridad especializada en tecnología financiera (fintech) ni un marco claro sobre la fiscalización de criptomonedas que operan sin domicilio legal en el país.
Empresas deberán adecuarse en 40 días
Según lo dispuesto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tendrá un plazo de 40 días para emitir la reglamentación específica que permita implementar el decreto. Las empresas tecnológicas que ya operan en Bolivia deberán adecuarse a estas nuevas disposiciones.
De acuerdo con datos oficiales, existen al menos 26 empresas en Santa Cruz, 10 en Cochabamba y unas 7 u 8 en La Paz que ofrecen servicios financieros tecnológicos, muchas de ellas aún sin supervisión formal o registradas como startups no bancarizadas.
Este avance normativo, aunque positivo, llega tarde y de forma parcial, según analistas en regulación digital. En un entorno donde las operaciones en criptoactivos, plataformas descentralizadas y billeteras móviles aumentan aceleradamente, el vacío legal y la falta de educación financiera digital representan un riesgo tanto para el sistema financiero como para la ciudadanía. Bolivia necesita avanzar hacia una legislación integral sobre tecnología, datos, y ciberseguridad, alineada con estándares internacionales.
