
Boris Arias reconoce excesos en la justicia constitucional y sugiere una reforma legislativa o constitucional para reencauzar el rol del TCP
📅 Jueves, 29 de mayo de 2025
✍️ Redacción / La Paz
En medio de cuestionamientos por decisiones controversiales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el magistrado Boris Arias afirmó que la entidad ha excedido sus funciones en los últimos años y sugirió que es momento de “volver a poner al Tribunal en su lugar”.
“El Tribunal no debe resolver desde una lógica politizada. No se ha autorestringido y ha expandido demasiado su influencia. Se requiere una reforma legislativa o constitucional”, declaró Arias en entrevista con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
Arias fue electo como magistrado por el departamento de La Paz en las elecciones judiciales de 2024. Integra el bloque de cuatro nuevos tribunos que comparten la sala plena con cinco magistrados prorrogados en funciones.
⚖️ Llamado a la autorestricción y a evitar fallos polémicos
El magistrado señaló que ha planteado internamente la necesidad de autolimitar la competencia del TCP, con el objetivo de evitar decisiones que generen tensiones institucionales o políticas.
“Es parte del cambio que necesitamos. He hecho conocer esta propuesta en sala plena, aunque el debate sigue abierto”, comentó.
🗳️ Tensiones con el TSE y advertencias sobre los plazos
Respecto a los recientes conflictos entre el TCP y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Arias indicó que este último debe actuar con firmeza y responsabilidad, como un órgano de poder independiente.
Las declaraciones surgen luego de que autoridades del TSE expresaran su preocupación por fallos del TCP que han generado incertidumbre en el calendario electoral, afectando directamente a partidos políticos.
“Los vocales constitucionales deben resolver los casos de forma oportuna y dentro de los plazos. No podemos permitir que una demanda ponga en riesgo unas elecciones incluso el mismo día de votación”, advirtió Arias.
Contexto:
En los últimos meses, varias decisiones del TCP han generado críticas por su impacto en el sistema político. La falta de límites claros en su actuación ha reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma a la justicia constitucional.
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