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INFOMEDIA, Tarija, 27 de junio de 2025
Después de pasar nueve años privado de libertad por un delito que no cometió, Richard Mamani, hoy de 28 años, recuperó su libertad. Su caso ha reabierto el debate sobre las fallas estructurales del sistema judicial boliviano, las condiciones de reclusión y el derecho a la reparación integral en casos de inocentes encarcelados.
Mamani fue detenido a los 19 años, acusado de violación a una menor. Sin embargo, con el paso del tiempo, la presunta víctima —ya en la mayoría de edad— reveló que los hechos no ocurrieron como se denunció y que el verdadero autor sería un familiar suyo. Esta declaración permitió demostrar la inocencia del acusado y motivó su liberación.
Visiblemente conmovido, Mamani relató ante los medios:
“No tengo palabras, pero estar aquí nueve años fue muy doloroso para mí, para mi familia. Llegué a los 19 años. Ahora recupero mi libertad… pero todos estos años, mi juventud, ¿quién me los devuelve?”
El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, acompañó el acto de liberación y exhortó públicamente a que el Estado boliviano repare el daño ocasionado.
“No es posible que una persona inocente se mantenga nueve años privada de libertad. La propia justicia debe generar un ámbito de reparación”, señaló.
Además, pidió acciones urgentes para evitar que hechos similares se repitan: desde la revisión de las garantías procesales hasta mecanismos de verificación más rigurosos en procesos donde se encuentran involucrados menores de edad y potenciales inocentes.
Análisis legal y contexto:
Protección de menores y el uso del testimonio infantil
En Bolivia, el artículo 60 de la Constitución Política del Estado establece que niñas, niños y adolescentes gozan de prioridad absoluta en la atención y resguardo de sus derechos. La Ley 548 (Código Niña, Niño y Adolescente) regula los procedimientos para el tratamiento del testimonio infantil en casos de violencia, incluyendo mecanismos de entrevista única y acompañamiento psicológico.
No obstante, este caso revela que, sin una verificación exhaustiva y un adecuado acompañamiento pericial, los testimonios pueden inducir a errores judiciales de enorme gravedad, como la prisión de un inocente.
Condiciones carcelarias y derechos del privado de libertad
El sistema penitenciario boliviano arrastra múltiples denuncias por hacinamiento, falta de atención médica, violencia y deficiente acceso a la justicia. La Constitución (Art. 15 y 116) y el Código de Ejecución Penal establecen que toda persona tiene derecho a un juicio justo, a ser considerada inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, y a condiciones dignas de detención.
La prolongación injustificada de la detención de Mamani es un reflejo del incumplimiento sistemático de estos principios, a menudo agravado por la pobreza, la falta de defensa técnica efectiva y la lentitud judicial.
Reparación por privación de libertad injusta
Bolivia reconoce el derecho a la reparación cuando una persona es privada injustamente de su libertad. Así lo establece el artículo 113 de la Constitución y el artículo 30 del Código Penal, que prevé la posibilidad de indemnización cuando una sentencia condenatoria es revocada por inocencia.
Sin embargo, en la práctica, los mecanismos para acceder a esta reparación son burocráticos, lentos y, en muchos casos, inefectivos. La Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos han advertido reiteradamente que las víctimas de errores judiciales no suelen recibir una reparación integral que cubra el daño psicológico, social, económico y moral.
El caso de Richard Mamani no solo es una tragedia personal, sino un llamado urgente a reformar el sistema judicial y penitenciario boliviano. La privación injusta de libertad, especialmente cuando involucra a jóvenes, destruye vidas y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
