📅 Martes, 8 de julio de 2025
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, solicitó este martes al Consejo de la Magistratura un informe detallado sobre las acciones asumidas contra los jueces que, en 2019, condenaron por error al ciudadano Richard Mamani Martínez por el delito de violación. El caso fue anulado recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia, que confirmó que Mamani fue acusado falsamente y permaneció nueve años en prisión siendo inocente.
Solicitud formal de informe
A través de un Requerimiento de Informe Escrito (RIE), Callisaya pidió conocer qué medidas adoptó el Consejo de la Magistratura respecto al proceso penal y a los responsables de haber emitido la sentencia injusta. La respuesta debe ser enviada en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Entre las preguntas planteadas en el documento oficial destacan:
- ¿Qué acciones fueron desarrolladas en relación al proceso penal seguido contra Richard Mamani?
- ¿Qué medidas civiles, penales o administrativas se tomaron contra los jueces del Tribunal de Sentencia de Camargo y del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca?
- ¿Cuál es la responsabilidad administrativa de las autoridades que emitieron la Sentencia 12/2019, anulada por el Tribunal Supremo?
Anulación de sentencia injusta
El caso de Richard Mamani fue revisado en vía extraordinaria por el Tribunal Supremo de Justicia, que anuló la Sentencia 12/2019 del 16 de octubre, mediante la cual se lo condenó a 20 años de prisión por un delito que no cometió. La sentencia fue calificada como injusta y se evidenció que se trató de una acusación falsa.
Fallas estructurales y pedido de reparación
Tras la liberación de Mamani, Callisaya declaró que este caso revela una grave falla estructural del sistema judicial boliviano, que no solo permitió la condena de un inocente, sino que lo mantuvo privado de libertad durante casi una década.
“No es posible que una persona inocente esté nueve años en prisión. El sistema de justicia debe ahora garantizar una reparación adecuada por el daño causado”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo también solicitó información sobre las medidas de prevención que serán implementadas para evitar que se repitan errores judiciales de esta magnitud.
