
El vocero Carlos Baldivieso advirtió que el bono de vacunación y otros gastos estructurales no pueden seguir siendo financiados por las regiones
INFOMEDIA, Tarija, 24 de julio de 2025
El vocero de la Gobernación de Tarija, Carlos Baldivieso, expresó este jueves su preocupación por la creciente carga financiera que enfrentan los gobiernos subnacionales en materia de salud, y exigió al Gobierno Nacional asumir plenamente sus competencias, especialmente en lo referido al pago del bono de vacunación y otros servicios estructurales.
Baldivieso señaló que el bono de vacunación representa una carga insostenible para el gobierno departamental, estimando que su implementación costará alrededor de 8 millones de bolivianos, recursos con los que actualmente no se cuenta.
“Lo hemos dicho claramente: no tenemos las condiciones económicas para cubrir esta crisis. Ya se lo dijimos al sector médico hace cuatro años: hay que buscar otras fuentes de financiamiento. La gran mayoría de los ítems de salud son ministeriales, del TGMS o del SUS. No puede ser que pretendan que la población con menor cobertura médica sea la que asuma estos pagos”, manifestó.
El vocero también se refirió a otras obligaciones impuestas al nivel subnacional sin respaldo financiero, como el presupuesto destinado a la Oficina Técnica Nacional (OTN).
“Cada año se destinan millones a la OTN sin saber con claridad cuál es su rol efectivo. Es un grupo que hace política dentro de la institución, pero no aporta recursos concretos al departamento”, criticó.
Asimismo, mencionó otras cargas como el pago del prediario y distintos compromisos que, según la autoridad, deben ser discutidos y resueltos por el Gobierno Central.
“Lamento que algunos malos dirigentes pretendan instalar un discurso de falta de solidaridad cuando en realidad estamos atravesando una etapa crítica. No se puede seguir trasladando responsabilidades nacionales a los gobiernos departamentales”, enfatizó.
Baldivieso informó que ya se enviaron dos cartas formales al Ministerio de Salud, no solo desde la Gobernación sino también desde la Asociación Nacional de Productores (ANP) y los alcaldes municipales, en coordinación técnica conjunta.
Finalmente, dejó en claro que el conflicto no es con los gobiernos municipales ni con los alcaldes, sino con el nivel central del Estado, que —dijo— es el verdadero responsable de garantizar el financiamiento y gestión del sistema de salud en el país.

