📍 Miercoles, 30 de julio de 2025
Redacción Web
La reciente aprehensión del tiktoker boliviano Juan Carlos Villafuerte, conocido por difundir contenido sobre finanzas y criptomonedas, ha generado una intensa polémica en el país. Diversas voces acusan al Estado de atentar contra la libertad de expresión, mientras la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sostiene que el influencer incurrió en un delito financiero.
Villafuerte fue detenido en Santa Cruz tras la denuncia formal presentada por la ASFI en marzo pasado, a raíz de videos en los que alertaba sobre el sistema bancario nacional, con frases como: “Peligran los bancos en Bolivia” y “ya no pueden tener ustedes su dinero guardado en el banco, porque están perdiendo plata”.
ASFI justifica su posición
Mediante un comunicado oficial, la ASFI argumentó que declaraciones de este tipo pueden inducir a retiros masivos de depósitos y afectar la estabilidad del Sistema Financiero Nacional (SFN). Según el ente regulador, estas afirmaciones configuran un posible delito financiero tipificado en el inciso f) del Artículo 363 quater del Código Penal, el cual establece penas de 5 a 10 años de prisión.
Reacciones críticas y respaldo al tiktoker
El caso ha provocado una fuerte reacción en sectores políticos, gremiales y ciudadanos.
El candidato vicepresidencial del partido Libre, Juan Pablo Velasco, calificó la aprehensión como “una injusticia inmensa”, alegando que Villafuerte solo intentaba “ayudar a los jóvenes a proteger su patrimonio con tecnología”.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) denunció que la detención representa una grave amenaza para las libertades democráticas:
“Sienta un precedente peligroso y constituye una señal de amedrentamiento contra la ciudadanía y los creadores de contenido digital”.
El economista Gonzalo Chávez también se pronunció, calificando la acción como “un abuso intolerable” y “un ataque directo a la libertad de expresión”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, lamentó “el uso desproporcionado del poder punitivo del Estado”, recalcando que “no se puede atentar contra la libertad de expresión de la población boliviana”.
Denuncia de la familia
La madre del tiktoker calificó la aprehensión de su hijo como un atropello:
“Nunca fue citado. Lo han secuestrado. Incluso la Fiscalía había rechazado la denuncia, y la orden de aprehensión ya no tenía validez”.
El caso continúa abierto, mientras el país debate hasta dónde debe llegar el límite entre la opinión pública y las sanciones legales en contextos de crisis económica y digitalización.
