20 de agosto de 2025 | Redacción Digital
Una jueza agroambiental de La Paz ordenó suspender temporalmente el tratamiento legislativo de los contratos para la explotación del litio, atendiendo una acción impulsada por la Defensoría del Pueblo.
¿Por qué se congelaron los contratos?
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, explicó que la medida cautelar busca proteger los derechos humanos y ambientales de los habitantes de la región del Salar de Uyuni.
- La orden judicial afecta directamente los contratos suscritos con CBC de China y Uranium de Rusia.
- La decisión establece que la Asamblea Legislativa no podrá aprobar los contratos hasta que se cumplan tres condiciones específicas.
Condiciones impuestas por la jueza
- Estudio de impacto ambiental estratégico
- Debe incluir análisis detallados sobre recursos hídricos de la zona.
- Estudio sobre las aguas fósiles
- Para evaluar riesgos sobre este recurso no renovable.
- Consulta previa, libre e informada
- Dirigida a las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio.
Además, la jueza instruyó que antes de cualquier tratamiento legislativo, la Asamblea debe solicitar y revisar estos estudios, convocando a los actores involucrados para considerar sus conclusiones.
La posición de la Defensoría
Callisaya aclaró que la Defensoría del Pueblo no se opone a la industrialización del litio, pero exige que se respeten los derechos ambientales y sociales antes de avanzar con cualquier contrato.
El argumento previo del Gobierno
El Ejecutivo había sostenido que no era posible realizar una evaluación ambiental porque aún no se definió la ubicación exacta de los proyectos.
