Miércoles, 17 de septiembre del 2025
La Asociación Boliviana de Radiodifusoras (ASBORA) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejar sin efecto las sanciones económicas impuestas a varias emisoras, advirtiendo que las multas son desproporcionadas y amenazan con llevar a la quiebra a numerosas radios del país.
En una carta enviada al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, la organización cuestionó las notificaciones por presuntas infracciones al Reglamento de Propaganda y Campaña Electoral de las Elecciones Nacionales 2025. Entre ellas, figuran la omisión de la frase “espacio solicitado” y supuestos excesos en los tiempos de difusión.
Multas que superan el valor de las emisoras
ASBORA denunció que los montos aplicados alcanzan hasta 250 salarios mínimos nacionales, más de Bs 687.000, cifras que incluso superan el valor comercial de varias radios pequeñas. “Se trata de sanciones sin ninguna proporción ni racionalidad”, señaló la institución.
Cuestionamientos legales
La asociación sostiene que el procedimiento sancionatorio del TSE carece de un marco legal claro y vulnera principios como legalidad, proporcionalidad y debido proceso. También advierte que las resoluciones son inapelables y permiten la acumulación de multas por hechos similares, contraviniendo el principio de ne bis in ídem.
Riesgo de cierres y pérdida de empleos
El sector atraviesa una crisis marcada por la caída de ingresos publicitarios y altos costos operativos. En este escenario, las sanciones podrían provocar el cierre definitivo de emisoras, con la consiguiente pérdida de empleos y debilitamiento del sistema informativo nacional.
Radios como pilar democrático
ASBORA remarcó que la radiodifusión cumple un rol esencial en la democracia, garantizando pluralismo y acceso a la información. Sin embargo, considera que el actual régimen sancionatorio desincentiva la participación de los medios en futuros procesos electorales.
Pedido al TSE
La organización solicitó una audiencia con la Sala Plena del TSE para exponer sus observaciones y pidió que las sanciones queden en suspenso hasta que exista un reglamento garantista y respetuoso de la Constitución.
