01/10/2025
El gobernador de Tarija, Óscar Montes, negó de forma enérgica las acusaciones que lo vinculan con delitos electorales y advirtió que detrás de esas denuncias existe una estrategia de amedrentamiento político en su contra. Según su versión, no hay pruebas que sustenten los señalamientos, por lo que califica las acciones como un abuso de poder.
Declaraciones del gobernador
Montes sostuvo que “la verdad está manifestándose a gritos” y que, al observar el ritmo de las intervenciones políticas recientes, no hay indicios de que él haya cometido falta electoral alguna. Al ser consultado sobre las acusaciones, sostuvo:
“No hay ninguna prueba porque yo no he cometido ningún delito electoral.”
Además, afirmó que las denuncias buscan silenciarlo y debilitar su posicionamiento político. Comparó la situación con tiempos en que, según él, la justicia era utilizada con fines partidarios:
“Me parece que es una manera de querer amedrentar … esa época ya pasó.”
Montes también hizo referencia a declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, atribuyéndole un compromiso con la independencia judicial:
“Nunca más la justicia va a ser utilizada para persecución política.”
Finalmente, enfatizó que su nombre es ampliamente conocido en Tarija y que los ataques buscan desacreditar no solo su gestión sino también la altísima visibilidad que tendría figuras como Rodrigo Paz.
Antecedentes y contexto político
Para comprender mejor el escenario en el que Montes se defiende, estos antecedentes resultan relevantes:
- En septiembre de 2025, el senador electo por el PDC, Diego Ávila, presentó denuncias ante el Tribunal Electoral Departamental (TDE) contra Montes, alegando uso indebido de recursos públicos con fines políticos y afirmaciones ofensivas hacia la fórmula de Rodrigo Paz.
- De acuerdo al senador, existen indicios de que funcionarios públicos fueron presionados a generar agresiones verbales contra la campaña de Paz en horario laboral.
- Montes también ha sido objeto de señalamientos en casos previos: por ejemplo, en 2022 se reabrió un proceso por enriquecimiento ilícito contra él y miembros de su familia, en el que se cuestionaba la adquisición de al menos 30 inmuebles sin justificación clara durante períodos en que ocupó cargos municipales.
- Además, el gobernador ha denunciado ataques de “guerra sucia”, incluyendo circulaciones de audios e imágenes manipuladas, las cuales habría atribuido al MAS y al PDC, asegurando que carecen de veracidad.
- En lo político, Montes ha criticado al candidato Rodrigo Paz, calificándolo como “pésimo administrador” en Tarija, una disputa pública que añade tensión al escenario de denuncias.
La disputa entre opositores políticos y acusaciones de uso indebido de recursos públicos emerge como un patrón común en contiendas electorales intensas. En este caso:
- Montes exige pruebas concretas y cuestiona la motivación política detrás de las denuncias.
- Sus adversarios buscan desmontar su satélite de influencia ante la población y la justicia electoral.
- La reactivación del caso por enriquecimiento ilícito agrega un componente judicial previo que podría ser usado para reforzar la narrativa de denuncia política o de defensa legítima, según la estrategia de cada actor.
