🗓️INFOMEDIA – Martes, 28 de octubre de 2025
La Sala Constitucional Primera de Tarija resolvió suspender de manera indefinida el proyecto de Fotomultas, tras determinar que no existe una norma reglamentaria que respalde legalmente la aplicación de sanciones.
El representante de Asesoría Jurídica del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, Luis Carlos Barrios, informó que la audiencia se desarrolló durante casi seis horas y concluyó con la decisión de paralizar el proyecto hasta que se cumpla el procedimiento legislativo correspondiente.
“Se ha llegado a la conclusión de que el proyecto de fotomultas queda suspendido de manera indefinida hasta que se emita la norma reglamentaria que respalde su aplicación”, explicó Barrios.
El jurista detalló que el proceso fue impulsado por un ciudadano que presentó un amparo constitucional en contra de la empresa encargada del sistema y de la propia Alcaldía. Durante la audiencia, se demostró que la empresa aplicó sanciones sin contar con una norma vigente, lo que vulnera los procedimientos legales establecidos.
“La empresa ha iniciado la ejecución del proyecto antes de contar con la norma de respaldo. Esto se evidenció en la audiencia: se aplicaron sanciones sin tener la norma publicada”, agregó.
Barrios recordó que el alcalde Johnny Torres Terzo ya había explicado en anteriores oportunidades que el proyecto aún se encontraba en etapa de socialización y revisión, y que el municipio no había autorizado su ejecución plena.
En ese sentido, la decisión judicial implica que el proyecto no podrá avanzar ni generar sanciones hasta que el Concejo Municipal apruebe una ordenanza o reglamento específico que establezca las condiciones, el procedimiento y las responsabilidades institucionales de su aplicación.
“El municipio continuará con la socialización del proyecto y trabajará en la norma de respaldo, pero mientras tanto, la aplicación de fotomultas queda totalmente paralizada”, afirmó el representante legal.
El caso abre un nuevo debate sobre la necesidad de que los gobiernos locales garanticen la seguridad jurídica y el debido proceso antes de implementar mecanismos tecnológicos de control vial.
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