Jueves, 20 de noviembre de 2025 — Redacción Central / Infomedia
El presidente Rodrigo Paz anunció este jueves el cierre definitivo del Ministerio de Justicia, en medio de una creciente tensión interna con el vicepresidente Edmand Lara, quien cuestionó públicamente a dos autoridades designadas en esa cartera en menos de dos semanas de gobierno.
“El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas”, afirmó Paz en conferencia de prensa, confirmando así una promesa electoral que ya había generado controversia durante la campaña.
Antecedentes: una cartera marcada por conflictos
El Ministerio de Justicia se convirtió en un foco de crisis interna desde el inicio del nuevo gobierno. En apenas doce días, pasó por dos ministros, ambos envueltos en cuestionamientos judiciales o políticos que profundizaron la ruptura entre el Presidente y su Vicepresidente.
El primer designado, Freddy Vidovic, hombre de confianza de Lara, fue destituido cuando se confirmó que tenía una sentencia ejecutoriada de tres años por el caso Belaunde. Paz sostuvo que su permanencia implicaba “un riesgo para la fe del Estado”.
En reemplazo, el miércoles fue posesionado Jorge García, abogado cercano a Paz. Sin embargo, horas después, Lara denunció que el nuevo ministro tenía un “rosario de procesos”, algunos por presuntos delitos graves. García rechazó estas acusaciones, aseguró haber sido difamado y anunció acciones legales.
Un cierre con trasfondo político
Paz justificó la clausura del Ministerio señalando que se trataba de “un ministerio del abuso del poder político ante la sociedad”. Según el mandatario, inicialmente había aceptado la “propuesta” de Lara para mantener la institución, pero la nueva polémica aceleró la decisión.
El Presidente agregó que García aceptó asumir la cartera sólo si se concretaba el cierre, lo que Paz calificó como una muestra de “fidelidad y compromiso con la propuesta de gobierno”.
Con esta medida, el Ejecutivo deberá ahora definir qué entidades absorberán las funciones administrativas y normativas que ejercía el Ministerio de Justicia, mientras la tensión interna en la cúpula gubernamental continúa escalando.
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