Jueves, 20 de noviembre de 2025 | Redacción Central – Infomedia
El cierre del Ministerio de Justicia generó una inmediata preocupación en la Defensoría del Pueblo, que advirtió que la decisión podría dejar sin una entidad rectora a numerosos sectores vulnerables del país, responsables de recibir servicios esenciales y políticas públicas para la protección de sus derechos humanos.
En un pronunciamiento oficial, la institución recordó que bajo la tuición del Ministerio funcionaban entidades estratégicas encargadas de brindar atención jurídica, psicológica y social gratuita, especialmente para niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; personas con discapacidad; víctimas de violencia y poblaciones con escasos recursos.
Entre estas entidades se encuentran Conalpedis, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (Sepdep), el Servicio de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) y el Sijplu, además de varias presidencias de consejos sectoriales dedicados a temas de vejez, niñez y lucha contra la trata y tráfico de personas.
La Defensoría advirtió que todas estas instancias cumplen un rol “articulado y multiactor” fundamental para la promoción y evaluación de políticas públicas comprometidas en la Constitución y en tratados internacionales.
Ante la incertidumbre institucional, la entidad pidió al Órgano Ejecutivo aclarar qué estructura asumirá la administración y continuidad de estos servicios, para evitar afectar a quienes dependen de ellos.
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