Lunes, 15 de diciembre de 2025
Infomedia Bolivia
El Gobierno presentó este lunes un balance sobre lo que calificó como el “gran despilfarro” y la “corrupción” en la política de creación de empresas estatales y proyectos de industrialización impulsados por anteriores gestiones del Movimiento al Socialismo (MAS). De acuerdo con las cifras oficiales, el daño económico acumulado asciende a 2.595 millones de dólares.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Lupo, detalló que 1.463 millones de dólares corresponden a empresas públicas inviables, quebradas o convertidas en “empresas zombie”, mientras que 1.132 millones de dólares se atribuyen a pérdidas generadas por 60 plantas industriales que nunca funcionaron o resultaron inviables.
Durante la presentación, Lupo explicó que parte de estos recursos fueron financiados con créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), lo que —según afirmó— contribuyó a la reducción de las Reservas Internacionales. “Estos proyectos no generaron retorno y terminaron licuando recursos estratégicos del país”, sostuvo.
El ministro afirmó que, con los montos dilapidados, el Estado habría podido construir 30 hospitales de cuarto nivel, entre 4.000 y 5.000 kilómetros de carreteras, 700 a 900 mega unidades educativas o 30 pozos exploratorios de gas, obras que —remarcó— tendrían un impacto estructural en el desarrollo nacional.
Empresas estatales en crisis
Según el informe gubernamental, durante los gobiernos del MAS el número de empresas estatales se incrementó hasta 67, pero solo tres resultan rentables: YPFB, ENDE y Comibol, las cuales —precisó Lupo— fueron heredadas de gestiones anteriores.
En el grupo de empresas estatales cerradas, como Ecebol, la constructora del Ejército, Enatex y Boltur, el daño económico ya consolidado alcanza los 122 millones de dólares.
En cuanto a las denominadas empresas “zombie”, que continúan operando sin viabilidad financiera, el Gobierno identificó un perjuicio de 1.294 millones de dólares. Entre ellas figuran la Azucarera San Buenaventura, Yacimientos de Litio Bolivianos, la Empresa de Industrialización de Hidrocarburos, Yacana y Quipus. A este monto se suman 91,5 millones de dólares invertidos en iniciativas vinculadas a química, farmacéutica, coca y aceites ecológicos.
Industrialización bajo cuestionamiento
El Ejecutivo también denunció lo que denominó la “estafa de la industrialización”, relacionada con la implementación de 60 plantas industriales inviables, principalmente en los rubros de biocombustibles, manufactura, fertilizantes y agroinsumos, industria farmacéutica, litio, minería, química básica y alimentos.
“Muchas de estas actividades podían ser desarrolladas por el sector privado. El Estado construyó un relato de industrialización que terminó sirviendo para saquear recursos públicos”, afirmó Lupo, al mencionar proyectos como plantas de papa frita, soya, quinua, arroz y cereales.
Medidas anunciadas
Frente a este escenario, el ministro anunció el cierre del financiamiento a proyectos deficitarios y la implementación de una auditoría integral. “Se realizará una reingeniería fiscal para frenar el desangrado de recursos, reestructurar las empresas públicas y garantizar la viabilidad fiscal. Además, se iniciarán investigaciones para determinar quién autorizó inversiones sin estudios de factibilidad”, indicó.
El Gobierno adelantó que los resultados de estas auditorías servirán de base para procesos administrativos y penales, en el marco de una política de revisión integral del rol del Estado en la actividad productiva.
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