
La Paz, miércoles 21 de enero de 2026
El viceministro de Transparencia, Yamil García, afirmó este miércoles que la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales debe ejecutarse conforme a ley y sin ofrecer ningún tipo de recompensa económica, al remarcar que en Bolivia no existe sustento legal para “poner precio” a la ejecución de un mandamiento judicial.
“Existe un mandamiento de aprehensión emitido por una autoridad competente, como es un juez. Por lo tanto, este mandamiento tiene que ser ejecutado sin necesidad de poner ningún tipo de precio”, declaró García en conferencia de prensa.
La autoridad señaló que el Ejecutivo espera que las instancias responsables cumplan con la ejecución de los mandamientos judiciales en todos los casos donde existan personas declaradas rebeldes ante la justicia, subrayando que el respeto al Estado de Derecho implica acatar las decisiones judiciales sin condicionamientos políticos ni económicos.
García precisó además que la figura de ofrecer recompensas no está contemplada en la legislación boliviana, por lo que insistió en que cualquier actuación debe enmarcarse estrictamente en la normativa vigente.
Las declaraciones surgen luego de que la senadora de APB-Súmate, Claudia Mallón, solicitara al ministro de Gobierno la oferta de una recompensa de 100.000 dólares para ubicar a Evo Morales, quien tiene una orden de aprehensión por un caso de trata y tráfico de personas.
Mallón argumentó que existen antecedentes, como el ocurrido en 2023, cuando el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ofreció una recompensa para dar con el paradero del narcotraficante Sebastián Marset, y sostuvo que Morales “no tiene privilegios” y debe comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano.
En los últimos días, el expresidente no ha realizado apariciones públicas ni emitió su habitual programa radial dominical desde el Trópico de Cochabamba. Su actividad en redes sociales también ha sido limitada. Versiones de allegados señalan que Morales estaría afectado por dengue, mientras que el exsenador Leonardo Loza brindó declaraciones imprecisas sobre su paradero.
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