El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño. Foto: CEPB
Viernes, 23 de enero de 2026
El sector empresarial expresó su preocupación por los efectos del incremento del Salario Mínimo Nacional a Bs 3.300 y solicitó al Gobierno el respeto a los derechos de los empleadores, además de la aplicación de medidas de mitigación que eviten el cierre de empresas y la pérdida de fuentes laborales.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, advirtió que el porcentaje del aumento salarial genera inquietud en empresas de todos los rubros y regiones del país, debido al riesgo que representa para la estabilidad y la capacidad operativa de miles de unidades productivas y comerciales.
Ortuño señaló que el contexto económico actual ya es complejo para el sector, marcado por la disminución sostenida de la demanda interna, los efectos de recientes conflictos sociales, deudas impagas y la acumulación de obligaciones de fin de año. “La situación de las empresas se agrava con este incremento al salario mínimo y con una nueva negociación sobre el haber básico, generando mayor preocupación e incertidumbre”, afirmó.
En ese marco, los empresarios solicitaron una reunión con el ministro de Trabajo para analizar la reglamentación de dos artículos del Decreto Supremo 5516: el referido al incremento del Salario Mínimo Nacional y el que establece la negociación del salario entre empleadores y trabajadores, ya sea de manera individual o colectiva.
De acuerdo con una nota de prensa de la CEPB, se propondrá al Gobierno nacional que, en la redacción del reglamento y en la definición de lineamientos para la negociación del haber mensual, se considere la situación precaria por la que atraviesan muchas empresas y se respeten los derechos del sector empresarial, con el fin de evitar cierres y despidos.
Finalmente, Ortuño enfatizó la necesidad de implementar medidas de mitigación y de modificar prácticas que, según indicó, imponen porcentajes mínimos de negociación y condiciones inequitativas que distorsionan la relación entre trabajadores y empleadores. “Se trata de proteger el empleo, la productividad y la estabilidad de las fuentes de trabajo; esa es nuestra primera obligación como dirigencia empresarial”, concluyó.
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