El Decreto deja a Lara bajo dependencia administrativa de Lupo.
La Paz, 23 de febrero de 2026 (Infomedia).- Tras la promulgación del Decreto Supremo 5552, que reorganiza oficinas de la Vicepresidencia bajo tuición del Ministerio de la Presidencia, actores políticos de oposición denunciaron una grave afectación a la institucionalidad democrática, al considerar que la norma reduce las atribuciones del vicepresidente Edmand Lara y otorga un rol de “vicepresidente de facto” al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
El diputado de Libre, Armin Lluta, afirmó que el Decreto convierte a Lara en un “florero sin agua”, al dejarlo sin competencias administrativas, incluso para designar funcionarios. “Es un mal mensaje del Gobierno y además agudiza el conflicto político entre Rodrigo Paz y Edmand Lara. Hoy tenemos dos vicepresidentes: uno electo, que es Lara, y otro por decreto, que es Lupo”, sostuvo.
En la misma línea, el exdiputado Rafael Quispe consideró que Lupo se constituye ahora en un “vicepresidente de facto”, al asumir el control de direcciones que antes dependían de la Vicepresidencia. “Hoy tiene un vicepresidente de facto que se llama Lupo, que responde a Samuel Doria Medina, más conocido como el Kencha. Ni Evo Morales llegó a este punto”, afirmó, al tiempo de remarcar que Lara queda reducido prácticamente a su secretaría.
Por su parte, la diputada de Libre, Lissa Claros, cuestionó duramente la medida y sostuvo que se ha creado una “vicepresidencia a la sombra”. Acusó a Samuel Doria Medina de estar detrás de esta decisión, recordando que Lupo fue su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2025. “Todas las funciones, prerrogativas e incluso el presupuesto de la Vicepresidencia ahora las manejará Lupo. Como no pudo ser vicepresidente por la vía democrática, intenta serlo mediante decretos”, afirmó.
Desde la izquierda, la diputada de Alianza Social, Claudia Herbas, señaló que, con la aplicación del Decreto 5552, “desde hoy el vicepresidente se llama José Luis Lupo”. Criticó que una autoridad electa deba pedir autorización administrativa a un ministro incluso para gastos mínimos. “Es lamentable y deplorable que problemas personales entre dos autoridades terminen desinstitucionalizando al país”, sostuvo.
Defensa del Gobierno
Desde el Gobierno, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, defendió la constitucionalidad del Decreto 5552, amparándose en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado, que establece las atribuciones del vicepresidente.
Explicó que la Carta Magna define funciones específicas como asumir la Presidencia en caso de ausencia del mandatario, coordinar las relaciones entre el Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y los gobiernos autónomos, participar en el Consejo de Ministros, coadyuvar en la dirección de la política gubernamental y participar en la formulación de la política exterior.
Según Flores, el decreto no vulnera la Constitución, sino que reorganiza administrativamente la estructura del Ejecutivo, aunque las críticas opositoras advierten que la medida debilita el equilibrio institucional y la separación de funciones dentro del Estado.
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