
INFOMEDIA – Tarija, 18 de abril de 2026
En Bolivia, la maternidad es un derecho protegido solo si termina en vida. Cuando el latido se apaga en el vientre, la mujer deja de ser madre para el Estado y se convierte en un engranaje que debe volver a producir.
Entre certificados que sustituyen nombres de bebés por la palabra óbito y hospitales donde el llanto se mezcla con el silencio, se esconde una violencia institucional invisible. Esta investigación revela cómo el sistema de salud y el régimen laboral en Bolivia — anulan el duelo materno.
Hacinamiento emocional: la tortura de las paredes delgadas
Un hospital en Bolivia, tiene paredes que no guardan secretos y protocolos que no miran. Para una madre que acaba de perder a su hijo, este recinto se convierte en la caja de resonancia del vacío que ha parido. El caso de Rosa Mendoza: el retrato de una tragedia evitable.
Rosa Mendoza tiene 44 años. Un viernes llegó al Hospital Obrero de la Caja Nacional de Salud de Tarija pidiendo un lugar donde dar a luz. Tenía nueve meses de embarazo y dolores en el vientre. Le dijeron que no había camas.
Programaron su cesárea para el lunes. Esa misma tarde, al volver a casa, su hija murió dentro de ella. Pero el infierno no terminó ahí. Cuando Rosa regresó al hospital —ya con su hija muerta dentro de ella—, el sistema de salud le mostró una ausencia total de tacto profesional.
«Ni siquiera nos hicieron salir de la habitación —recuerda Rosa, la voz rota—. El doctor y la ecografista, delante de mí dijeron: ‘El latido del bebé está muerto’. Así me lo dijeron. En seco. Yo grité en ese momento». Rosa lamenta la falta de humanidad con la que recibió la amarga noticia.
Para Rosa, el sistema de salud de Bolivia ha normalizado tanto la muerte que ha olvidado que trata con personas, con seres humanos llenos de emociones. “No sé si es que ven fallecer a tanta gente —sentencia—, pero estamos hablando de una madre perdiendo a su hijo.»
Después de la muerte, vino la cirugía. Rosa tuvo que luchar para que no la ligaran. Se aferraba a la esperanza de un futuro hijo…… Lo logró. Pero entonces la tortura en la sala de recuperación se reinició. La trasladaron a una sala que se convirtió en una cámara de resonancia de su propio dolor.
«Me dejaron sola en un cuarto, pero toda la noche escuchaba cómo lloraban los bebés, cómo otras mamás pasaban con sus regalos y sus familiares contentos. ¿Por qué te ponen donde tienes que ver y escuchar eso? Falta empatía, falta solidaridad», reflexiona esta madre.
Pese a sufrir complicaciones físicas graves tras el parto —hemorragias que obligaron a transfusiones de sangre, repetidamente—, el soporte emocional fue nulo. Indignada, relata que la quebró saber que en el nosocomio no existe terapia psicológica ni ningún apoyo emocional para sobrellevar ese dolor.
Encontró consuelo, pero no en el sistema. Lo encontró en algo que ella llama su “hija arcoíris”: su pequeña que nació un año después de la muerte de su bebé y que, según su relato, tiene el mismo rostro de aquel ángel que solo pudo ver una vez, sin vida, en una fría sala de hospital.
Rosa confía en que fue Dios quien le dio consuelo, porque el sistema, inhumano, no supo salvarla.
Este «hacinamiento emocional» es un golpe directo al corazón: es obligar a una mujer a presenciar el milagro ajeno mientras el suyo se convierte en cenizas. No hay biombos para el alma, ni salas de despedida. Solo un número de cama que el sistema urge vaciar.
La experiencia no es aislada ni exclusiva de un solo centro hospitalario. En el Hospital Obrero, dependiente de la Caja Nacional de Salud, Roberto Farfán, administrador de la Caja Nacional de Salud Regional Tarija, reconoce que no existen condiciones estructurales específicas para estos casos.
“Los ambientes se adecuan por necesidad y ante diferentes situaciones que se presenten; un ambiente propio para casos especiales no disponemos”.
La falta de espacios diferenciados no es un detalle menor. Para las madres en duelo, compartir o estar próximas a áreas donde otras mujeres celebran el nacimiento de sus hijos puede profundizar el impacto emocional. Lo que Rosa Mendoza vivió no es una excepción. Es parte de un sistema que aún no ha sido diseñado para contener el duelo.
La noticia como sentencia: el vacío del protocolo
¿Cómo se le dice a una mujer que el hijo que pateaba su vientre hace una hora ya no tiene pulso? En Tarija, la respuesta no está en un manual, sino en la sensibilidad aventurada del personal médico.
La investigación revela una carencia crítica: no existe un protocolo de atención y comunicación de malas noticias en los hospitales públicos ni en los seguros de corto plazo. El personal de salud, desbordado, suele recurrir a tecnicismos fríos o a frases que minimizan el dolor: «No hay latido… Usted es joven, tendrá otros hijos».
A menudo, la noticia se da en pasillos o salas comunes, sin privacidad ni acompañamiento psicológico inmediato. Esta falta de formación —o de sensibilidad— para comunicar convierte al médico en un verdugo involuntario que, al no saber manejar el dolor, opta por la distancia mecánica. Y deja a la madre en un shock profundo que nadie monitorea.
La deshumanización se sella con tinta. Cuando un bebé muere en el vientre, el sistema boliviano le arrebata su identidad. Deja de ser el hijo esperado de alguien para convertirse en un producto médicamente denominado “óbito” (feto).
Al no nacer con vida, no existe un acta de nacimiento. Por tanto, no hay certificado de defunción. Y eso genera un vacío legal perverso: para el Estado, ese ser nunca existió y, por lo tanto, esa mujer no es madre.
Este tecnicismo legal y despiadado es la excusa para el abandono laboral. El Ministerio de Trabajo no reconoce el posparto de una madre en duelo. Si el bebé muere, la licencia de maternidad se esfuma.
La honestidad del sistema: «Estamos fallando»
El pediatra Nils Casson, exdirector del Servicio Departamental de Salud de Tarija, confirma que la valoración para la baja médica es puramente física: «Se habla de tres a cinco días porque nos enfocamos en que la herida cicatrizó, pero desde la parte emocional esa mujer puede no estar preparada para afrontar la rutina diaria», revela.
Casson es contundente y admite con crudeza que el sistema actual es incapaz de ofrecer dignidad en el dolor. «No existe esta segmentación entre las mujeres que están con producto viable y las mujeres que han tenido esta pérdida. El hospital San Juan de Dios está en colapso y no permite la segregación de pacientes», confiesa.
Su testimonio eleva la crítica a un nivel político: es más que una vulneración, es una desatención a los derechos humanos. El sistema se ha vuelto asistencialista: enfocado en vaciar camas y no en sanar personas.
Por otro lado, el médico Dulfredo Ozuna, director del Hospital San Juan de Dios, confirma que la internación de una madre es de apenas 24 a 48 horas. Posterior a ello, ella está obligada a abandonar la cama y la sala de maternidad.
«Nosotros, después del parto o de producida la muerte, lo que hacemos es otorgar el alta médica, independientemente de la situación laboral de la paciente», declara. Lanzamos la pregunta inmediata: ¿Está la persona en condiciones de volver al trabajo? «Seguramente no», confiesa Ozuna.
Es un despacho exprés: se libera la cama y se envía a una mujer destrozada a una casa con una cuna vacía.
El pediatra Nils Casson añade: «Una mujer necesita un tiempo de recuperación físico, pero además también necesita un tiempo de recuperación mental», y reconoce que no existe un protocolo: la comunicación depende del criterio individual de cada médico.
Yamil Patiño, jefe de Ginecología del Hospital General, es claro al separar lo biológico de lo psicológico: «La parte médica se da porque las condiciones físicas lo permiten, pero nunca se toma en cuenta la parte psicológica. Médicamente, a la semana la mujer ya podría retornar, pero tiene heridas psicológicas que aún debe sanar», afirma.
Sin embargo, esa necesidad de sanar choca con un muro administrativo. Mientras el galeno habla de una semana, la abogada Sandra León, asesora legal del Ministerio de Trabajo en Tarija, confirma que la ley boliviana solo otorga tres días.
Patiño admite además que la protección de la madre frente al entorno hospitalario —evitar que vea y escuche otros bebés— es hoy una cuestión de voluntad y no de derecho.
«No existe una norma que nos diga que esa paciente tenga que ser llevada a otra sala. Lo hacemos por empatía, pero sería bueno que se escriba un protocolo de manejo psicológico», señala.
Esta ausencia de norma escrita explica por qué, a pesar de las buenas intenciones, madres como Rosa Mendoza terminan internadas en salas donde el llanto ajeno se convierte en su mayor tortura.
La primera línea: entre la impotencia y el shock
Desde la trinchera de la atención en el Hospital San Juan de Dios, la enfermera Reyna Vargas, con décadas de experiencia en ginecología y obstetricia, describe una realidad de contrastes. El personal de salud, dice, a menudo se siente atado de manos.
«Para nosotros es complicado dirigirnos a la gente en ese momento. Como personal de salud, no somos indiferentes; sentimos ese dolor, aunque con mucha impotencia», relata Vargas.
Según su testimonio, el hospital se convierte en un escenario de shock donde el tiempo de asimilación es inexistente. Las madres permanecen apenas 24 horas si el parto fue natural, o 48 horas si fue cesárea.
«Ese tiempo no alcanza para asimilar lo que ha sucedido», aclara. «No todas las madres tienen la misma percepción. Hay bebés que son muy esperados y el dolor es mucho mayor. También hay bebés que no son deseados; en esos casos la familia puede sentirse aliviada o no manifestar el dolor, aunque probablemente en el fondo exista», subraya.
Vargas resalta que la tragedia suele golpear más a las mujeres del área rural. Ellas llegan al nosocomio de tercer nivel tras sortear la falta de transporte y la distancia, a menudo cuando las complicaciones ya son irreversibles.
Este escenario evidencia la ausencia de una perspectiva de género en salud, que castiga doblemente a la mujer campesina: no es solo un ‘vínculo roto’, es una barrera geográfica y de clase que el sistema no compensa y que, con frecuencia, termina en muerte”.
El vacío del «no nacido»: óbito vs. identidad
Uno de los puntos más críticos revelados por la asesoría legal del Ministerio de Trabajo es la inexistencia de una identidad jurídica para los bebés fallecidos. Al no nacer con vida, el Estado los despoja de su humanidad ante la ley. Y sin identidad, no hay derecho al duelo.
«Al producirse el fallecimiento dentro del vientre, el menor es considerado con el óbito correspondiente… se trata de un feto, y el documento que se emite es el mismo que se utiliza para registrar fallecimientos», explica Sandra León.
Esta terminología —“feto, óbito”— actúa como una barrera legal. Si la madre necesita más tiempo para sanar, el sistema no le otorga un permiso por duelo o la baja médica post parto. En su lugar, la deriva a una baja médica supeditada exclusivamente a su estado físico. Es decir: si su vida no corre peligro, el sistema espera que vuelva a su puesto de trabajo con el corazón hecho pedazos.
Sin embargo, la voz de la propia funcionaria pública se une a la crítica social. Pese a la rigidez de la norma que debe aplicar, la abogada reconoce que el Estado está fallando en la protección de la salud mental de las víctimas —víctimas que nacen, irónicamente, del duelo.
«Como mujeres y como madres, es una situación demasiado delicada. Particularmente, considero que debería extenderse un poco más el tiempo… muchas personas quedan en una situación de vulnerabilidad psicológica porque la pérdida deja secuelas», reconoce León.
Y es clara: tres días no son suficientes para enfrentar la pérdida de un hijo. «Es un impacto muy fuerte —dice—. Una madre no se encuentra en condiciones de retornar a su fuente laboral en tan corto tiempo».
El duelo de largo aliento: más allá de lo perinatal
La desatención a la salud mental en Bolivia no se limita al hospital; se extiende por años y alcanza a madres que, tras luchar contra enfermedades catastróficas, son obligadas a volver a sus puestos de trabajo con el alma rota.
En el transcurso de esta investigación, rescatamos dos casos que duelen de distinta manera pero que el sistema sepulta con la misma indiferencia.
El primer caso: una niña de 7 años. Falleció súbitamente por un tumor cerebral. Sus padres, venían de Yacuiba, al igual que las madres de neonatos, fueron expulsados del sistema apenas el corazón de su hija dejó de latir.
El segundo caso: Nohemí Gutiérrez. Perdió a su hijo de 13 años tras una larga batalla contra un tumor cerebral. Su historia es el reflejo de un sistema que carece de empatía y de soporte institucional.
«Los amigos y los familiares estuvieron —relata Nohemí—, pero el sistema de salud, el hospital y los médicos, no.» Al igual que en los casos de duelo perinatal, Nohemí se enfrentó al muro de las 72 horas. A los tres días de enterrar a su hijo, tuvo que marcar tarjeta y volver a trabajar.
«El mundo no se detiene, todo sigue igual… entonces tenemos que salir», lamenta. Sin embargo, el entorno laboral no siempre es un refugio. Nohemí relata la falta de sensibilidad de algunos compañeros que cuestionaban los permisos que tuvo mientras su hijo agonizaba.
Para esta madre, el problema en Bolivia es la falta de importancia que se le da a la salud mental. Ella es clara en su demanda: mínimamente, la licencia debería ser una semana. Considera que tres días no son suficientes para sobrellevar un dolor emocional tan grande como la pérdida de un hijo.
«Falta empatía. He conocido madres que no pueden superar la pérdida, que caen en depresión profunda e incluso algunas llegan al suicidio», alerta.
El doctor Nils Casson admite una verdad incómoda: «Los pacientes se van y no sabemos qué pasa con ellos. Una vez que salen de las puertas del hospital», dice, y la frase se quiebra. El sistema los abandona en el momento más oscuro. Rompe la base de la sociedad: la familia.
El relato de Nohemí cierra con una verdad que la normativa boliviana se niega a reconocer: El dolor de una madre no se supera. Se aprende a vivir con él. Pero para eso se necesita un Estado que, al menos, permita el tiempo necesario para respirar entre el cementerio y la oficina.
El dolor desde la tanatología: 72 horas para volver al trabajo
La tanatóloga Carla Grecia de la Serna es tajante al analizar la realidad laboral boliviana: «Se entiende que en una fuente laboral se requiere que la persona esté con energía y concentrada. Sin embargo, la madre doliente está lejos de cumplir con esto: presenta cansancio, tristeza profunda y estrés.»
Mientras la legislación boliviana otorga apenas tres días de licencia, la ciencia advierte que un duelo de este tipo puede tomar entre 18 y 24 meses.
«Perder a un hijo es el dolor más grande que una persona puede experimentar, ya que va en contra del orden natural», explica la experta.
Exigir que una mujer retome su rutina a los tres días, con el cuerpo aun procesando el parto y la mente en shock, no es solo una falla administrativa. Es una forma de tortura institucional que empuja a las madres a una depresión profunda.
Sin embargo, desde la práctica de enfermería surge un punto de debate. Reyna Vargas plantea una visión distinta a la de la psicología clínica. «Considero que en estos casos el trabajo podría aliviar —dice Vargas— porque la madre va a tener contacto, no va a estar aislada sola.
Cuanto más sola se encuentre, se va a sentir peor. Estar ocupada con otras acciones podría favorecer la recuperación del dolor», conjetura.
Pero la propia Vargas reconoce que esta es una visión personal, no psicológica. Y con esa honestidad subraya una carencia cultural profunda en la sociedad. «Necesitamos presencia. Que la pareja, los padres y las amistades apoyen, pero no tenemos esa cultura de acompañamiento», lamenta.
Su testimonio cierra con una defensa del personal de salud. Ellos, a menudo, reciben agresiones de familiares en crisis. Víctimas, también, de un sistema que no ofrece respuestas ni espacios para procesar la tragedia.
La ley que no mira a las madres
La ley, a través del Decreto Supremo Nº 4708, promulgado el 1 de mayo de 2022, otorga apenas tres días de luto por la muerte de un familiar a cualquier persona. Ignora que, en el caso de las madres que experimentan la muerte perinatal, sus senos gotean leche y sus hormonas están en colapso.
Una prueba más para evidenciar la violencia de la productividad: el sistema le exige que se limpie las lágrimas para estar sentada frente a un escritorio en 72 horas. La obliga a olvidar la existencia de su propio hijo, que apenas hace tres días murió.
Mientras Bolivia no reconoce el duelo perinatal, otros países han avanzado
La investigación evidencia que el aislamiento de Bolivia en materia de derechos reproductivos y salud mental es absoluto.
Chile: la vanguardia de la Ley Dominga
La Ley N° 21.371, promulgada en septiembre de 2021, se ha constituido en el estándar de oro en Latinoamérica. Surgió de la denuncia de Aracelly Brito, quien sufrió tratos deshumanizados durante la pérdida de sus hijos Julián y Dominga. El quiebre con el modelo boliviano es profundo. A diferencia de Tarija, donde el azar dicta el trato, esta ley obliga a todas las instituciones de salud a cumplir protocolos de manejo clínico y acompañamiento psicoemocional.
El impacto laboral fue inmediato: el permiso por luto se elevó a 7 y 10 días corridos, reconociendo que el dolor no se resuelve en las 72 horas que estipula la normativa boliviana.*Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile – Ley 21.371.*
Argentina: nace la Ley Johanna
La Ley Nacional Nº 27.733, denominada Ley Johanna, fue sancionada en 2023. Establece procedimientos obligatorios para la atención ante la muerte perinatal. El modelo argentino ataca directamente la invisibilidad. Garantiza el contacto con el bebé fallecido y asegura la intimidad del proceso. Su mayor logro es que el duelo no se tramita como una enfermedad común, sino como un evento de salud mental específico. Y protege la estabilidad laboral de la mujer mientras sana.*Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina – Ley 27.733.*
Colombia: la «Ley de Brazos Vacíos»
La Ley 2310 fue sancionada en agosto de 2023. Colombia se sumó así a la tendencia regional de reconocer el duelo respetado. La norma obliga a capacitar al personal médico en psicología del duelo. Prohíbe que el diagnóstico de muerte fetal sea comunicado en pasillos o zonas comunes —una práctica habitual en los centros saturados de Bolivia— y exige espacios privados y empáticos. *Fuente: Congreso de la República de Colombia – Ley 2310.*
Estados Unidos: El Protocolo de la “Mariposa Azul”
Allí se aplica el estándar conocido como Blue Butterfly (Mariposa Azul). No se trata de una fría imposición legal, sino de un protocolo de cuidado humano que en muchos hospitales ha logrado que el duelo por la pérdida de un bebé ya no se viva en silencio ni desde la indiferencia administrativa. Se ha construido, paso a paso, una forma distinta de acompañar a las familias: más consciente del dolor.
En centros de referencia como el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, una pequeña mariposa —azul o púrpura— colocada en la puerta de una habitación lo dice todo sin pronunciar una sola palabra.
Es una señal discreta, pero poderosa: dentro hay una pérdida y merece respeto. Este distintivo alerta a todo el personal, desde médicos hasta servicios de limpieza, para que el trato sea de absoluta solemnidad.
Al recibir el alta, las madres no se van con las manos vacías. Reciben cajas de memoria con huellas, fotografías o mantas; reconocimientos mínimos, pero esenciales, de que esa vida existió.
Esta práctica está respaldada por la Asociación de Enfermeras de Salud de la Mujer, Obstetricia y Neonatología (AWHONN), cuya directriz es clara: la atención al duelo debe ser, por estándar profesional, «compasiva y respetuosa».
Realidad boliviana: el país que mira hacia otro lado
Al comparar estas legislaciones con la realidad de Bolivia, se evidencia una violencia institucional por omisión. Mientras otros países han abierto los ojos —para separar físicamente el luto del nacimiento y extender las licencias laborales—, Bolivia mantiene un régimen que ignora la biología del postparto, la psicología del trauma y la humanidad del duelo.
El aislamiento no es solo geográfico. Es un aislamiento de los derechos humanos más fundamentales de la mujer doliente.

Frente a la legislación comparada y a los procedimientos establecidos en países vecinos de Sudamérica y en Estados Unidos, queda en evidencia que es posible —y necesario— contar con normativas que garanticen un trato digno.
Estos modelos internacionales no solo son leyes: son escudos. Escudos que impiden la invisibilización del dolor y frenan la revictimización de una herida que ya es profunda.
En nuestro país, la muerte gestacional y perinatal —y la muerte misma de un hijo a cualquier edad— enfrenta un vacío legal enorme. Un vacío que golpea la sensibilidad de las madres en su momento de mayor vulnerabilidad.
La dignidad no es un trámite
La maternidad interrumpida no puede seguir siendo un trámite de oficina.
Debe ser, por derecho, un proceso de sanación respetado y acompañado por el Estado y por la sociedad. Por algo que todo ser humano protege por sobre todas las cosas: su dignidad.

Por: SELMA DANITZA ZEGARRA MENDEZ


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