Infomedia – 13 de mayo de 2026
El ejecutivo de la Junta de Padres de Familia, Franklin Arancibia, expresó su preocupación por las movilizaciones y medidas de presión asumidas por el magisterio, asegurando que estas acciones perjudican directamente el derecho a la educación de los estudiantes.
Arancibia sostuvo que la educación es un derecho fundamental establecido en la Constitución Política del Estado y cuestionó que las protestas sindicales estén por encima de las necesidades de los escolares.
“¿Dónde está el derecho a la educación que está normado en la Constitución Política del Estado? Es un derecho supremo”, manifestó el dirigente al referirse a los conflictos que afectan el normal desarrollo de las actividades escolares.
Asimismo, criticó el rol de las federaciones y la confederación del magisterio, señalando que priorizan intereses sindicales antes que transformaciones estructurales en beneficio del sistema educativo.
El representante de los padres de familia también denunció presuntas irregularidades en los procesos de designación de ítems y cargos directivos dentro del sistema educativo, indicando que algunos sectores participan “como juez y parte” en estos mecanismos.
En ese contexto, cuestionó además la labor del Ministerio de Educación y afirmó que existe improvisación en la conducción de esa cartera de Estado, especialmente en la elaboración de recientes resoluciones ministeriales que, según dijo, no fueron consensuadas con todos los actores involucrados.
Arancibia aseguró que las decisiones relacionadas con el sistema educativo deberían construirse mediante diálogo y coordinación entre autoridades, maestros y representantes de la sociedad civil, priorizando siempre el bienestar de los estudiantes.
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