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Las principales autoridades del Órgano Judicial advirtieron este lunes que podrían iniciar un paro nacional escalonado de jueces y vocales si el Gobierno y la Asamblea Legislativa no atienden, en un plazo de 20 días, sus demandas relacionadas con el fortalecimiento institucional y la asignación de un mayor presupuesto para la administración de justicia.
La decisión fue asumida durante una reunión de emergencia realizada en Sucre, donde los representantes del sistema judicial expresaron su preocupación por la falta de atención a sus requerimientos, entre ellos la asignación del 5% del Tesoro General del Estado (TGE) para el funcionamiento del Órgano Judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, cuestionó que las autoridades nacionales atiendan con mayor rapidez las demandas de sectores que recurren a medidas de presión, mientras que —dijo— las instituciones que respetan el Estado de Derecho no reciben respuestas.
«Los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho y somos garantes de la justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran y dejan de trabajar, a ellos sí los atienden», afirmó Saucedo.
La autoridad judicial señaló que se otorgó un plazo de 20 días para que el Ejecutivo y el Legislativo respondan a las demandas planteadas. En caso contrario, anunció que las medidas de presión comenzarán con un paro de 24 horas, seguido de suspensiones de actividades de 48 y 72 horas, hasta llegar, si no existe una solución, a un paro indefinido de la justicia boliviana.
Como parte de las acciones definidas, el Órgano Judicial conformó una comisión que solicitará una reunión con el presidente del Estado en la ciudad de Sucre para abordar la situación presupuestaria y las necesidades del sistema judicial.
De igual manera, la comisión gestionará ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el tratamiento inmediato de los proyectos de ley impulsados por los jueces, orientados al financiamiento, fortalecimiento institucional y modernización de la administración de justicia.
Las autoridades judiciales sostienen que una mayor asignación de recursos permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar la infraestructura y fortalecer el servicio que presta este órgano del Estado.
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