Infomedia Bolivia | 31 de julio de 2026
El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, recuperó este viernes su libertad tras abandonar las celdas policiales, luego de que el Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz dispusiera su detención domiciliaria dentro de la investigación por el denominado caso «combustible basura». Al salir del recinto policial, afirmó que permanecerá en Bolivia para colaborar con las investigaciones y esclarecer los hechos.
«Estoy aquí presente para cualquier investigación que se quiera hacer. Yo no me voy. La cosa es esclarecer los hechos y encontrar la verdad. Vine al país a trabajar. Trabajaba en Colombia. Ahí estaba muy tranquilo. Vine acá con el reto de quitar el subsidio», declaró Medinaceli ante los medios de comunicación.
El exministro agradeció el respaldo recibido de familiares, amigos y personas que expresaron su apoyo durante los tres días que permaneció aprehendido.
Niega haber autorizado la comercialización
Durante su declaración, Medinaceli rechazó las acusaciones en su contra y sostuvo que nunca autorizó la comercialización del combustible observado. Explicó que la Resolución 041 únicamente permitía el desprecintado del producto para su tratamiento y no para su distribución.
La Fiscalía lo imputó por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al considerar que no adoptó medidas extraordinarias para impedir la distribución del combustible cuestionado.
En respuesta, el exministro aseguró que las tareas de supervisión y control correspondían a las instancias operativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de YPFB. Asimismo, afirmó que durante su gestión solicitó la suspensión de los contratos de provisión mientras se resolvía el problema.
Medidas impuestas por la Justicia
Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial determinó la detención domiciliaria sin salida laboral, arraigo, presentación semanal ante las autoridades competentes, prohibición de ingresar a las instituciones involucradas en la investigación y de mantener contacto con otros investigados.
Además, se le impuso una fianza económica de Bs 100.000.
La defensa de Medinaceli informó que presentó una apelación contra la resolución judicial, con el objetivo de revertir principalmente la prohibición de trabajar y reducir el monto de la fianza, argumentando que resulta de imposible cumplimiento para su defendido.
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