Infomedia Bolivia | 31 de julio de 2026
El Juzgado Sexto Anticorrupción de La Paz determinó este viernes la detención domiciliaria sin derecho a salida laboral para el exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, dentro de la investigación por el denominado caso de la «gasolina basura».
La resolución judicial también establece una fianza de Bs 100.000, arraigo, la obligación de presentarse semanalmente ante las autoridades, la prohibición de ingresar a las instituciones involucradas en el proceso y la restricción de comunicarse con otros investigados.
La Fiscalía había solicitado la detención preventiva de la exautoridad; sin embargo, la defensa logró que se aplicaran medidas sustitutivas al demostrar que Medinaceli cuenta con domicilio conocido, no representa riesgo de fuga y no constituye un peligro para la sociedad.
Defensa apelará las restricciones
El abogado del exministro informó que la resolución fue apelada y anunció que buscarán revertir, principalmente, la restricción que le impide ejercer actividades laborales, además de otros aspectos de las medidas cautelares.
Medinaceli fue aprehendido el pasado miércoles y permaneció en celdas policiales hasta la realización de su audiencia cautelar.
Imputación por dos delitos
La Fiscalía imputó al exministro por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al considerar que habría omitido adoptar medidas extraordinarias para suspender la distribución del combustible observado.
Durante su defensa, Medinaceli rechazó las acusaciones y aseguró que nunca autorizó la comercialización de la gasolina cuestionada, sino únicamente el desprecintado para el proceso de desestabilización del combustible.
Asimismo, solicitó que la Fiscalía lleve adelante una investigación para esclarecer responsabilidades y sostuvo que las tareas de supervisión y control correspondían a las áreas operativas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB, no al despacho ministerial.
El exministro también recordó que durante su gestión solicitó la suspensión de los contratos de provisión mientras se resolvía el problema y pidió que se resarciera a las personas afectadas por la distribución del combustible observado.
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