El asesor político, detenido preventivamente en Palmasola, afirma que nunca tuvo autorización para representar a la familia presidencial y asegura que las acusaciones buscan afectar al Gobierno
INFOMEDIA | 27 de agosto de 2026
La Paz. El asesor político argentino Fernando Cerimedo, actualmente con detención preventiva en el penal de Palmasola por una investigación relacionada con el ataque armado contra la abogada Nadia Beller, negó haber tenido autorización para actuar en nombre del presidente Rodrigo Paz, su familia o el Gobierno, y rechazó las acusaciones sobre supuestos “negociados” vinculados a la administración estatal.
El pronunciamiento fue difundido por la defensa de Cerimedo, luego de que el presidente Paz se refiriera públicamente al vínculo que mantuvo con el consultor y aclarara que este no tenía autorización para hablar o tomar decisiones a nombre de la Presidencia, del Gobierno o de la familia presidencial.
“Las mentiras o chismes no constituyen hechos. Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial. Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones”, señala el documento atribuido a Cerimedo.
El asesor también negó haber participado en supuestos negocios irregulares relacionados con la primera dama.
“Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente”, manifestó.
El vínculo con Rodrigo Paz
La situación de Cerimedo generó repercusiones políticas debido a su cercanía con el mandatario boliviano. El propio Paz explicó esta semana que el argentino colaboró durante la segunda vuelta de las elecciones de 2025 y posteriormente en el inicio de su gestión, aunque aseguró que no tuvo un contrato ni una relación laboral directa con el Estado.
Cerimedo también se convirtió en una figura cuestionada durante los últimos meses por su presencia en círculos cercanos al Gobierno. En julio, el entonces ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, reconoció que el argentino era asesor de Paz, aunque sostuvo que sus funciones eran limitadas.
La relación entre Cerimedo y el Gobierno volvió al centro del debate después del ataque sufrido por Beller, quien posteriormente realizó acusaciones sobre supuestas irregularidades y atribuyó al consultor una importante influencia dentro de la administración. Estas denuncias forman parte del contexto político del caso, pero no constituyen hechos judicialmente comprobados.
Detención preventiva en Palmasola
Cerimedo fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto internacional de Viru Viru, horas después del ataque armado contra Beller, quien resultó herida por varios disparos. La Fiscalía lo investiga por su presunta participación en el hecho.
El 21 de agosto, un juez determinó su detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, dentro de la investigación por presunta tentativa de feminicidio. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para continuar con la investigación y que se identificaron riesgos procesales.
Además, el Ministerio Público abrió una investigación separada por un presunto caso de enriquecimiento ilícito, después de que durante allanamientos se encontrara una importante cantidad de dinero en efectivo en una de sus propiedades. Cerimedo ha negado también esas acusaciones.
“La verdad saldrá a la luz”, afirma Cerimedo
Desde Palmasola, el asesor sostuvo que lamenta que una situación personal haya adquirido una dimensión política y cuestionó a quienes, según su versión, pretenden utilizar el caso para afectar al Gobierno de Rodrigo Paz.
“Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al Gobierno”, afirmó.
El caso continúa en investigación y mantiene abiertas varias interrogantes sobre el vínculo de Cerimedo con el entorno presidencial, las acusaciones formuladas por Beller y las circunstancias del ataque que derivó en su detención.
Por ahora, las acusaciones de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y los señalamientos sobre supuestos negociados deben ser considerados dentro del ámbito de la investigación judicial y no como hechos establecidos mediante sentencia.
Fuente: Agencias
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