15 de septiembre de 2026
El Viceministerio de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública será el encargado de proponer a los responsables de las Unidades de Transparencia de las entidades públicas, tras la entrada en vigencia del Decreto Supremo 5706, informó el viceministro Yamil García.
La autoridad explicó que la nueva disposición establece un cambio respecto a anteriores normativas, bajo las cuales los responsables de las Unidades de Transparencia eran designados directamente por las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) de cada institución.
“A partir de ahora va a ser el representante gubernamental, a través del Viceministerio, quien proponga a todas las MAE quiénes van a ser los jefes de las Unidades de Transparencia. De tal manera que, a partir de ahora, vamos a tener ojos y fiscalización en absolutamente todas las entidades”, afirmó García durante una conferencia de prensa.
Según el viceministro, el anterior mecanismo de designación podía generar una relación directa de confianza entre los responsables de transparencia y las autoridades que los nombraban, situación que, en su criterio, podía afectar la autonomía en investigaciones o denuncias relacionadas con posibles hechos irregulares.
La medida está contemplada en el Decreto Supremo 5706, promulgado este martes por el presidente Rodrigo Paz Pereira, que declara como prioridad nacional la lucha contra la corrupción y establece nuevas atribuciones para el Viceministerio de Transparencia.
García señaló que la norma busca fortalecer los mecanismos de prevención y control sobre la administración de los recursos públicos.
“Esta decisión, traducida en el Decreto Supremo 5706, tiene como finalidad jerarquizar la lucha contra el flagelo de la corrupción que durante muchos años nos ha robado no solamente recursos económicos, sino también la esperanza de mejores días”, sostuvo.
El decreto también establece que la autoridad a cargo del Viceministerio de Transparencia se constituya formalmente como “Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia”.
De acuerdo con el Gobierno, la nueva normativa pretende reforzar la integridad institucional, promover un uso eficiente de los recursos estatales y fortalecer los mecanismos destinados a prevenir hechos de corrupción en las entidades públicas.
Fuente: GOBCOM
