INFOMEDIA – 19 de octubre de 2026
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó este lunes la Ley N.º 1778, que autoriza un crédito de $us 200 millones del Banco Mundial para financiar el Proyecto de Protección Económica y Transformación Social en Bolivia, destinado a respaldar a familias y personas en situación de vulnerabilidad económica.
Los recursos permitirán financiar transferencias vinculadas al Bono PEPE, el Bono Juana Azurduy, el Bono Anual de Indigencia para personas con discapacidad visual, los beneficios para personas con discapacidad grave o muy grave registradas y la Renta Dignidad para adultos mayores que no perciben una renta.
Asimismo, se contempla el apoyo a padres, madres o tutores legales de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, bajo la modalidad de un beneficio por grupo familiar.
De acuerdo con la información presentada por el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, durante el tratamiento legislativo del convenio, $us 192 millones se destinarán a transferencias económicas y programas sociales, mientras que los $us 8 millones restantes financiarán el fortalecimiento del sistema de protección social y la gestión del proyecto.
El crédito, suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Grupo Banco Mundial, establece un plazo de 23 años, incluidos 14 años de gracia, y un periodo de desembolso de cuatro años.
La norma también dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informe semestralmente, de manera oral y escrita, a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre el uso, destino y ejecución de los recursos, con documentación de respaldo.
Según los datos expuestos por Navarro, el Bono PEPE habilitó a más de 2,3 millones de personas y alcanzó al 95% de los beneficiarios habilitados. Entre enero y el 5 de octubre de 2026, se registraron 2.210.628 pagos por un total de Bs 1.668,5 millones.
El proyecto incluye, además, la creación de un registro integrado de beneficiarios, con información actualizada e interconectada para identificar a los hogares en situación de vulnerabilidad y orientar la asistencia estatal.
Fuente: GOBCOM / Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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