El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que las autoridades y exautoridades mencionadas en la lista de 15 ciudadanos bolivianos con visas restringidas deberán responder ante la justicia si existen indicios y pruebas en su contra.
INFOMEDIA | Bolivia, 23 de octubre de 2026.– El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira aseguró que no brindará protección ni impunidad a los 15 ciudadanos bolivianos a quienes Estados Unidos restringió sus visas por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción. Sin embargo, remarcó que las investigaciones y eventuales sanciones se desarrollarán bajo la legislación boliviana, con respeto al Estado de Derecho y al debido proceso.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien afirmó que la administración pública y el sistema de justicia no pueden convertirse en espacios de protección para el narcotráfico, la corrupción o el crimen organizado.
Según Gálvez, el Gobierno ya cuenta con líneas de investigación propias sobre varios de los ciudadanos incluidos en la lista difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con coincidencias en algunos casos.
No obstante, sostuvo que Bolivia actuará por responsabilidad propia y no por imposición externa. También aseguró que las personas mencionadas que ocupaban cargos o ejercían funciones en instituciones estatales ya fueron cesadas.
Cuatro principios contra la impunidad
El vocero presidencial sostuvo que la actuación gubernamental se basa en cuatro principios: no habrá blindaje para nadie, el cargo no protege, la influencia no protege y el uniforme no protege.
En ese sentido, señaló que cualquier autoridad o exautoridad investigada por la justicia boliviana deberá responder ante las instancias correspondientes cuando existan elementos que justifiquen un proceso judicial.
Gálvez también indicó que el Ejecutivo espera recibir información complementaria de Estados Unidos para fortalecer el contexto de las denuncias, mientras las instituciones nacionales desarrollan sus propias investigaciones.
Gobierno anuncia depuración de estructuras vinculadas al narcotráfico
El portavoz afirmó que el Ejecutivo trabaja en la desarticulación de presuntas estructuras corruptas vinculadas al narcotráfico que, según sus declaraciones, se habrían instalado durante años en distintas instituciones públicas.
«El narcotráfico no puede tener oficinas dentro del Estado», enfatizó.
Para el Gobierno, el problema trasciende la restricción de visas impuesta por Estados Unidos y se concentra en la posibilidad de que organizaciones criminales hayan encontrado protección dentro de instituciones encargadas de defender a la sociedad boliviana.
Gálvez aseguró que la administración de Rodrigo Paz continuará con las acciones destinadas a combatir estas redes y evitar que vuelvan a encontrar respaldo en el poder.
Investigaciones sujetas a la legislación boliviana
El vocero reiteró que las investigaciones y las posibles sanciones deberán ajustarse a los procedimientos legales. Afirmó que el Gobierno actuará en función de los elementos reunidos y de las determinaciones que adopten las instancias competentes.
«Si hay indicios, se investiga. Si hay pruebas, se acusa. Y si la justicia, como todos estamos esperando, actúe conforme a ley, se sanciona», concluyó.
La posición del Ejecutivo busca marcar una línea entre la cooperación con Estados Unidos y la autonomía del sistema judicial boliviano, al sostener que las denuncias deben ser investigadas sin privilegios, pero también con garantías legales para las personas involucradas.
