
INFOMEDIA – 26 de octubre de 2026
El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia abrió una línea de investigación contra la jueza Ana Gloria Rojas por presuntas irregularidades en sus actuaciones judiciales, entre ellas la suspensión de la audiencia de medidas cautelares del exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, informó este lunes el viceministro Yamil García.
Fernández está imputado por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones destinados a la ejecución de 17 obras públicas municipales. Según García, la suspensión de la audiencia y su posterior reprogramación motivaron cuestionamientos sobre los fundamentos de la decisión judicial.
“Estamos ante un hecho que registraría, de acuerdo a nuestra normativa, un grave daño económico”, manifestó la autoridad, al referirse al monto comprometido en el proceso.
El viceministro señaló que la investigación se enmarca en las disposiciones del Decreto Supremo 5749 y busca verificar las circunstancias que llevaron a suspender la audiencia.
Cuestionamientos por casos anteriores
García también mencionó antecedentes judiciales atribuidos a Rojas en procesos relacionados con personas vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al caso del narcotraficante Pedro Montenegro.
En 2022, la jueza emitió una resolución que favoreció la libertad de Diego Marset, hermano de Sebastián Marset, quien había sido detenido por presuntamente tramitar una identidad falsa bajo el nombre de Gerardo Pedro Ferreira. En su momento, Rojas defendió su actuación y sostuvo que procedió conforme a la solicitud y al requerimiento de la Fiscalía.
Asimismo, en 2019, la magistrada intervino en las primeras etapas procesales de personas vinculadas al entorno de Pedro Montenegro. En ese contexto, dispuso medidas sustitutivas a la detención preventiva para Giovanka Fernández, esposa del empresario Mauricio Higa, y para la modelo Adriana Méndez, investigadas por presuntos delitos relacionados con asociación delictuosa, encubrimiento y confabulación.
El viceministro indicó que estos antecedentes serán considerados en la revisión de las actuaciones judiciales, con el objetivo de establecer si existen elementos que ameriten otras acciones.
Revisarán procesos disciplinarios pendientes
La autoridad informó además que, de acuerdo con los registros mencionados, durante la gestión 2025 existían tres procesos disciplinarios en trámite contra la jueza por supuestas faltas graves. Sin embargo, ninguno habría concluido hasta el momento.
García anunció que se verificará cómo se iniciaron y desarrollaron esos procedimientos internos, así como las razones por las que continúan pendientes.
El viceministro sostuvo que el Estado busca garantizar que la justicia actúe con celeridad y sin dilaciones indebidas, especialmente en procesos que involucran presuntos daños económicos de gran magnitud.
La apertura de esta línea investigativa busca esclarecer las actuaciones cuestionadas. Las presuntas irregularidades señaladas deberán ser verificadas por las instancias competentes, sin que ello implique por sí mismo una determinación de responsabilidad contra la jueza.
Fuente: GOBCOM – Gobierno de Bolivia.

