INFOMEDIA / Lunes 17 de octubre 2022
Las advertencias de movilizaciones, e incluso de huelgas de hambre, no están descartadas en el Gobierno departamental de Tarija, que demanda la devolución de más de 122 millones de bolivianos, que fueron retenidos por orden judicial durante tres meses, cuando ENDE exigía el pago de la deuda por el Anillo Energético.
Cesar Ramos, Asesor de Despacho de la Gobernación, manifestó su extrañeza por este letargo, que incluso hace presumir tintes políticos desde el Gobierno Nacional, lo cual viene provocando serios perjuicios para cumplir una serie de obligaciones en programas sociales, que dependen de estos recursos.
El pasado 22 de septiembre, la Gobernación consolidó un préstamo del Banco Bisa, por la suma de 122 millones de bolivianos para pagar a ENDE, quien exigía este monto de dinero, por la ejecución del proyecto del Anillo Energético o la Interconexión al S.I.N., recursos que fueron transferidos con orden judicial.
Ramos lamentó por el actuar de la Empresa Nacional de Electricidad, quien además de haber negado un plan de pagos a la Gobernación, haya acudido a instancias judiciales para obligar a cumplir el pago de este proyecto, que, dicho sea de paso, es de competencia nacional y no así departamental.
