Seis profesionales, entre abogados, jueces y médicos, guardan detención y han sido imputados por el Ministerio Público por el delito de “consorcio jurídico”, que implica a jueces, fiscales y abogados, en la excarcelación irregular del denominado “psicópata sexual” Richard Choque, que en 2019 recibió el beneficio de la detención d omiciliaria pese a estar condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
Hasta el momento, la imputación del Ministerio Público alcanzó al exjuez del Juzgado Primero de Ejecución Penal de La Paz, Rafael Alcón, al exsecretario del Juzgado de Ejecución Penal, Raúl Gallo, a la trabajadora social del Juzgado, Yesica Choqueticlla, al médico Freddy Torrejón que emitió el certificado y a las dos abogadas que tramitaron la libertad del feminicida en 2019, Carmen Solari y Marlene Paco.
El Código Penal consigna el delito de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. “El juez que concertare la formación de consorcios con uno o varios abogados, o formare parte de ellos, con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas, en detrimento de la sana administración de justicia, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años”, dice la norma.
“Idéntica sanción será impuesta al o a los abogados que, con igual finalidad y efecto, concertaren dichos consorcios con uno o varios jueces, fiscales o policías u otros abogados o formaren también parte de ellos”, agrega en su artículo 174.
La pasada semana se remitió al penal de San Pedro al exjuez del Juzgado Primero de Ejecución Penal, Rafael Alcón, que otorgó 18 meses de detención domiciliaria a Choque, quien fue condenado por el asesinato cruel y despiadado de una joven, producido en 2019. Se lo acusa por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato, supresión y sustracción de documentos.
Igual destino corrió el médico Freddy Torrejón, detenido por la supuesta falsedad en el certificado que facilitó la salida de la cárcel de Choque. El médico trabajó en el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) hasta 2014 y se cree que, posteriormente, usó ese trabajo para captar a personas como Richard Choque.
Raúl Gallo, exsecretario de Alcón, también se encuentra detenido en el penal de San Pedro, acusado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, supresión de documentos y consorcio. Antes de ser aprehendido fungía como Fiscal de Delitos Patrimoniales en el Ministerio Público de La Paz.
Yesica Choqueticlla, trabajadora social de profesión, guarda detención en el penal de Miraflores por cargos relacionados al uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y complicidad en consorcio. Es acusada de no haber emitido cada tres meses informes sobre Choque Flores, como era su obligación.
Finalmente, las abogadas Carmen Solari y Marlene Paco, fueron imputadas por el delito de consorcio de jueces y abogados. La comisión de fiscales determinará si pide una detención preventiva o domiciliaria, después de la evaluación de la documentación hallada los despachos de las juristas.
Tras el allanamiento a las oficinas de la abogada Solari, el fiscal Muñoz aseguró que “la tesis que tenía el Ministerio Público se ‘concretizó’, evidentemente hay un consorcio de abogados y jueces”. El representante de la Fiscalía dijo que la abogada de Choque y su colega trabajaban juntas. “Ellas obtuvieron, gracias a los certificados médicos, la detención domiciliaria. Ese fue el hilo para investigar y allanar los ambientes”.
