Sábado 21 de febrero de 2026
El presidente Rodrigo Paz promulgó este viernes el Decreto Supremo N° 5552, una norma que reconfigura de manera profunda la estructura de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, suprimiendo sus funciones administrativas y limitando su accionar exclusivamente al apoyo legislativo y al asesoramiento jurídico.
De acuerdo con el contenido del decreto, la Vicepresidencia queda reducida a dos instancias operativas: la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo. El resto de direcciones, junto con su personal, presupuesto, programas, activos y documentación, fueron transferidos a distintos ministerios del Órgano Ejecutivo.
La norma dispone que, desde el viernes, la Vicepresidencia reciba apoyo funcional de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, conformada por la Jefatura de Gabinete del Vicepresidente, la Unidad Técnica de Apoyo Vicepresidencial, Comunicación y Protocolo, Archivo Histórico Legislativo y Biblioteca, además de las dos unidades operativas que permanecen en la institución.
En el plano administrativo, el decreto establece que todo el personal de estas unidades dependerá jerárquicamente del Ministerio de la Presidencia, lo que implica que el vicepresidente Edmand Lara ya no podrá contar con representaciones regionales, departamentales, municipales, institucionales o sectoriales.
Asimismo, se autoriza a las unidades de Auditoría Interna y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia a ejercer control pleno sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia. Incluso la administración de la plataforma GeoBolivia fue retirada de su estructura.
Reasignación de direcciones y plazo de transición
El decreto fija un plazo de transición de hasta 30 días hábiles, computables desde el viernes 20 de febrero, para que el personal remita la información y documentación correspondiente a los ministerios designados, únicamente para cierre y conclusión de trámites.
La redistribución establece que:
- La Dirección General del Vivir Bien y Política Exterior pase al Ministerio de Relaciones Exteriores.
- La Dirección General de Planificación y Gestión de la Información Geoespacial sea transferida al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.
- Las direcciones administrativas, jurídicas, de relacionamiento social, auditoría interna y transparencia pasen al Ministerio de la Presidencia.
- La Dirección General del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias sea asumida por el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.
Los ministerios receptores tendrán un plazo máximo de seis meses para concluir los trámites pendientes, mientras que los activos, pasivos, contratos, convenios y proyectos en ejecución serán redistribuidos conforme a competencias institucionales, con ajustes internos dentro del Presupuesto General del Estado 2026.
Según el Ejecutivo, la medida busca “adecuar la estructura de la Vicepresidencia a la naturaleza de sus funciones constitucionales”, reduciendo su tamaño y dependencia administrativa, con el objetivo de optimizar la gestión estatal.
Dura reacción del vicepresidente Edmand Lara
Tras la promulgación del decreto, el vicepresidente Edmand Lara lanzó severas críticas contra el presidente Rodrigo Paz, acusándolo de “destrozar” la institución vicepresidencial y asestar “un duro golpe a la democracia”.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Lara denunció que la norma fue firmada “entre gallos de medianoche” y afirmó que reduce a la Vicepresidencia a “la última expresión”, colocándola bajo dependencia directa del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a quien calificó como “un ministro puesto a dedo y no electo por voto democrático”.
El vicepresidente sostuvo que el decreto elimina atribuciones contempladas en la Constitución y advirtió sobre un avance progresivo sobre otras instituciones del Estado, como la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el Órgano Judicial, lo que —según afirmó— podría derivar en la imposición de una dictadura.
Asimismo, aseguró que la medida es una represalia política por la denuncia presentada contra el presidente de YPFB por presuntos hechos de corrupción y ratificó que continuará su defensa institucional. “Aunque nos quitaron todas las direcciones, el presupuesto y nos pusieron a disposición del ministro de la Presidencia, nadie puede estar por encima de la Constitución”, afirmó.
Lara convocó a la población a mantenerse en estado de emergencia y alerta, instando a defender los logros democráticos del país y advirtiendo que “la batalla final la ganará el pueblo”.
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