INFOMEDIA BOLIVIA | 9 de junio de 2026 | Nacional
El Gobierno nacional elevó este martes el tono de sus acusaciones contra el expresidente Evo Morales, a quien responsabilizó de impulsar acciones destinadas a alterar el orden constitucional del país, luego de que organizaciones afines al evismo anunciaran movilizaciones y medidas de presión contra instalaciones militares y policiales en el Trópico de Cochabamba.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que los recientes llamados a rodear unidades militares y policiales confirman la posición asumida por el Ejecutivo respecto a la existencia de una estructura organizada que, según afirmó, busca generar inestabilidad política y social en Bolivia.
“Quiero referirme a la orden que ha dado Evo Morales Ayma de rodear unidades militares y policiales para que estas sean tomadas por el narcoterrorismo. Esto reafirma la tesis, la declaración del Gobierno boliviano, de que no estamos viviendo un conflicto social con sectores de diferentes regiones de nuestro país. Estamos viviendo una conspiración financiada por el narcoterrorismo con el fin de violentar nuestro ordenamiento constitucional y legal”, manifestó la autoridad.
Las declaraciones se producen en medio de un escenario de creciente tensión en el país, marcado por bloqueos de caminos, protestas y cuestionamientos a la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada recientemente por el presidente Rodrigo Paz.
Rechazo a la Ley 1740
La controversia se intensificó luego de que dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré anunciaran la instalación de una vigilia y la posible toma de instalaciones militares en ese municipio del Trópico cochabambino, como medida de rechazo a la nueva normativa.
El secretario de Relaciones de la organización, Mario Rivera, advirtió que los sectores movilizados no asumirán responsabilidad por lo que pudiera ocurrir con militares y policías en la región y pidió al Gobierno actuar con cautela antes de ordenar intervenciones en los puntos de bloqueo.
Rivera cuestionó particularmente la inclusión de la figura de “presunción de legalidad operativa”, mecanismo que respalda las actuaciones de las fuerzas del orden durante la vigencia de un estado de excepción. Según el dirigente, esta disposición genera preocupación entre las organizaciones sociales por una posible afectación a los derechos de la población.
Gobierno advierte amenazas a la institucionalidad
Desde el Ejecutivo consideran que las amenazas contra recintos militares y policiales representan una situación de riesgo para la seguridad interna y la estabilidad democrática del país.
La administración del presidente Rodrigo Paz sostiene que la Ley 1740 busca otorgar herramientas legales para enfrentar situaciones extraordinarias que comprometan el orden público, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las instituciones del Estado.
Las autoridades nacionales mantienen el monitoreo de las movilizaciones y de los puntos de conflicto, mientras persiste la confrontación política entre el Gobierno y los sectores afines al expresidente Evo Morales.
El nuevo cruce de acusaciones refleja la creciente polarización que atraviesa Bolivia en un contexto de conflictos sociales, demandas sectoriales y debates sobre el alcance de las nuevas disposiciones aprobadas por el Ejecutivo.
Redacción: Infomedia Bolivia
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